La complicadísima situación que atraviesan los compradores de preferentes en Galicia protagonizó otra vez parte del debate político ayer en el Parlamento. El BNG requería soluciones al Gobierno autonómico en la Comisión de Economía, ante la "clara infracción" en la comercialización del producto de la normativa que rige este tipo de ventas y la que el portavoz, Carlos Aymerich, responsabilizó a la Xunta como "colaboradora" por no tomar medidas en las emisiones de 2009. Nava Castro, directora xeral de Comercio, recordó que ellos formaban parte del bipartito que estuvo en San Caetano con las preferentes que se pusieron antes en el mercado -desde 2003- y defendió que el asunto era "de máxima preocupación". Hay, según los servicios de consumo, entre 70.000 y 100.000 afectados en la comunidad, de los que 43.000 son inversores de Novagalicia, en una horquilla que va de los 800 a los 1.080 millones de euros.

Mientras se celebraba el debate parlamentario, un elevado grupo de inversores atrapados se concentraron en varias ciudades gallegas, incluida A Coruña, para exigir la devolución inmediata de sus ahorros, ya sean los acumulados en preferentes como en otro tipo de instrumentos como deuda subordinada.

El conselleiro del área, Javier Guerra, tiene previsto reunirse hoy con el Consello Galego de Consumidores, Adicae y las plataformas de afectados. Las reclamaciones en las oficinas de consumo de la Xunta son solo 105, según Castro, porque "muchos" no pueden cursarlas. De ahí la intención de movilizar efectivos autonómicos a zonas "especialmente" tocadas, en O Morrazo y otras zonas de Pontevedra. Consumo quiere analizar cada caso, ya que la comercialización "fue diferente entre entidades, emisiones y sucursales".

Medio centenar de afectados por las preferentes se concentraron ayer en A Coruña en una protesta convocada en varias ciudades de España por la asociación de usuarios de banca Adicae y a la que según los cálculos de la propia agrupación asistieron 5.000 personas.