La próxima subasta de Banco de Valencia que el Banco de España prepara para inicios de abril amenaza con agotar los menos de 2.000 millones de presupuesto que le quedan en la caja al Fondo de Garantía de Depósitos. Al menos ese es el temor de la banca, que ya puso el grito en el cielo en cuanto el Gobierno planteó la necesidad de que incrementen sus aportaciones para financiar nuevas subastas.
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) fue constituido por el supervisor bancario para garantizar las cuentas de ahorro de la clientela de cualquier entidad que quiebre, de modo que cada ahorrador se asegure la recuperación de 100.000 millones de euros. El Ejecutivo sin embargo amplió sus funciones para minimizar el coste para el contribuyente de las integraciones inscritas en la reordenación del sistema financiero. El FGD es gestionado por el Banco de España pero se financia con las aportaciones de bancos y cajas: cada uno tiene la obligación de ingresar el dos por mil de los depósitos ahorro que abren sus clientes cada ejercicio.
Primero el Gobierno de Zapatero, con la adjudicación de CAM a Banco Sabadell, y ahora el de Rajoy, al entregar la catalana Unnim a BBVA, pusieron a disposición de las entidades compradoras ayudas y avales ante futuras pérdidas que se cargarán a ese fondo, al que apenas le quedan 2.000 millones de euros. Fuentes financieras sostienen que su caja podría quedarse a cero tras la adjudicación de Banco de Valencia, que fue intervenido por el Banco de España en noviembre debido a sus graves problemas de solvencia y tras la negativa de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) de inyectarle capital.
La subasta arranca con cierto retraso sobre lo que esperaba el sector, que confiaba en recibir el cuaderno de venta del Banco de Valencia a partir del pasado 21 de febrero, tras la adjudicación de Unnim a BBVA. El proceso empezará la próxima semana o incluso después de Semana Santa, y está previsto que el eventual comprador se beneficie de ayudas contra pérdidas futuras a través de un Esquema de Protección de Activos (EPA) que se nutra de las aportaciones privadas que las entidades realizan al FGD, como ocurrió con CAM y Unnim.
Las subastas pendientes
El supervisor todavía tiene pendiente la subasta de CatalunyaCaixa -que acaba de solicitar ser absorbida antes del verano- y de Novagalicia, si es que su presidente, José María Castellano, no logra un acuerdo para la entrada de inversores privados antes del fin de septiembre.
Si como teme el sector financiero el FGD se queda sin fondos, tendrá que captar nuevo capital. El Gobierno ya sugirió a la banca la posibilidad de que se les exija una derrama o el incremento de las aportaciones efectivas que se realizan al fondo, lo que provocó las quejas de las entidades, sobre todo a las de mayor tamaño, que destinan más recursos.
Una de las soluciones propuestas por el Ejecutivo de Rajoy es elevar la aportación de las entidades financieras hasta el 3 por mil, además de establecer contribuciones extraordinarias, una opción que el Gobierno se ha encargado de poner sobre la mesa con la reciente modificación del reglamento del fondo. Otra posibilidad sería acordar un adelanto de las cuotas anuales al FGD.
La banca, por su parte, plantea que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, realice un préstamo público al FGD para que las entidades lo devuelvan posteriormente a un tipo de interés de mercado para evitar que se considere ayuda de Estado. El FROB cuenta con fondos 22.945 millones de euros entre capital, dinero captado a través de emisiones de deuda y una línea de crédito sindicado (3.000 millones), y ha comprometido recursos por unos 20.000 millones, pero su capacidad de endeudamiento asciende a 90.000 millones. El uso de los recursos del FROB no computa como déficit público si el fondo los recupera con intereses. Sus colocaciones de deuda sí engordan la deuda del Estado.
Precisamente el coste de las últimas subastas y de las que están por venir es uno de los argumentos con los que Novagalicia defiende su propuesta de que el Gobierno blinde de pérdidas futuras a los fondos de inversión con los que negocia Castellano a través de un Esquema de Protección de Activos (EPA). El banco sostiene que este aval recíproco -con el que los inversores también se comprometerían a incrementar su capital si obtuviesen más beneficios de los previstos- saldría más barato que la subasta a la que el banco gallego se vería abocado si la operación Castellano fracasa. Diez veces menos, según sostienen.
La dirección de Novagalicia Banco pretende que entre los inversores internacionales, los gallegos y la caja, el capital del banco en manos privadas alcance el 49% y que el restante 51% se quede en manos del FROB durante los próximos dos años.
