REDACCIÓN / AGENCIAS | A CORUÑA / MADRID El Gobierno recortará más de 10.000 millones de euros en sanidad y educación para aplacar los mercados con una mayor racionalización del gasto, eliminación de duplicidades y mejora de la eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos. No hubo más precisiones sobre las medidas concretas que se tomarán para hacer el drástico recorte en los dos servicios públicos básicos, que actualmente gestionan las comunidades autónomas. El presidente desvelará mañana a sus diputados las reformas que tiene previsto emprender el Ejecutivo, pero el PSOE exige su comparecencia "urgente" en el Congreso para que explique el ajuste públicamente.

El recorte en 10.000 millones en educación y sanidad es adicional al de los 27.000 millones de ajuste previstos en los presupuestos generales del Estado para este ejercicio. Todo ello tiene por finalidad garantizar el cumplimiento del 5,3% de déficit público respecto al PIB para este año y del 3% en 2013.

Aunque el Gobierno asegura que no prevé el establecimiento del copago sanitario para corregir el déficit (una medida que el PP acaba de apoyar en Cataluña por iniciativa de CiU), el ministro de Economía, Luis de Guindos, había dicho por la mañana que sí sopesa la posibilidad de introducir un pago progresivo según la renta de los usuarios. La dirección del PP atajó esta hipótesis asegurando a mediodía que se trataba de una mera "reflexión personal" del ministro. Otros partidos también rechazaron esa posibilidad.

Desautorización

Tras este desmentido a De Guindos por parte del vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, en lo que fue interpretado como una posible desautorización al titular de Economía, el presidente del ejecutivo, Mariano Rajoy, convocó de inmediato una o varias reuniones en La Moncloa, según las versiones, con "varios ministros" (la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría y los titulares de Economía, Hacienda, Sanidad y Educación) de la que resultó la difusión de un comunicado en el que el ejecutivo anunció el recorte de 10.000 millones en el gasto sanitario y educativo pero sin especificar las medidas.

La reacción en ambos sectores fue de "perplejidad". Representantes del sector sanitario y educativo criticaron la ambigüedad y la incertidumbre que generan los ajustes previstos. Varias organizaciones médicas y de pacientes dijeron que la sanidad necesita reformas para garantizar su sostenibilidad pero no a cualquier precio. El presidente de la Organización Médico Colegial, José Rodríguez Sendín, lamentó que no se concreten los recortes y se mostró "sorprendido" de que el Gobierno se descuelgue de un día para otro con un ajuste de 10.000 millones. También rechazó el copago. A su vez, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos alertó de que un ajuste de esa magnitud afectará a la calidad del sistema educativo. Concapa tachó de "barbaridad restar dinero a la educación" porque "incidirá en el fracaso escolar", lo que es "muy peligroso y arriesgado en un país que se sitúa a la cola de Europa en niveles educativos".