La letra pequeña del segundo decreto con el que el Ejecutivo popular aspira al cierre definitivo de la eterna reestructuración financiera deja más de una sorpresa. Matices, realmente muy importantes, tanto en las duras exigencias para cubrir el supuesto ladrillo sano, como en el traspaso de los activos inmobiliarios a sociedades de liquidación orientadas a aligerar el principal lastre de los balances del sector. Una segregación obligada para el conjunto de las entidades, pero con supervisión en aquellas que tengan "apoyos financieros" del FROB y un control absoluto en las intervenidas o nacionalizadas. Como Novagalicia. La opción de traspasar suelo y viviendas a esta especie de bancos malos no dependerá de sus responsables. Serán los gestores del fondo -es decir, Banco de España y Ministerio de Economía- los que decidan si "debe o no" constituir la sociedad, como recoge la normativa publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Y no solo dependerá de su opinión. Si el FROB estima realmente que la medida es recomendable, deberá remitir una "memoria económica" que muestre "la programación económico-financiera para el periodo de duración previsto" al Ministerio de Hacienda, que, a su vez, trasladará la operación a la Intervención General del Estado para identificar "los posibles efectos en las cuentas públicas". De ahí que el equipo liderado por Cristóbal Montoro pueda oponerse también "motivadamente" a la segregación en un plazo de diez días.
¿Y a cuánto finalmente ascienden las necesidades de Novagalicia para la cobertura media de un 30% sobre la financiación al ladrillo que está a corriente de pago que el viernes aprobó el Consejo de Ministros? Pues a 1.109 millones de euros, según adelantó el banco ayer a última hora de la tarde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El único que lo hizo, junto a una pequeña entidad vasca. De esa cantidad, 368 millones son para provisiones de préstamos vinculados a suelo, otros 214 millones en los que hay detrás promociones terminadas, 164 en el caso de viviendas aún por acabar, y 362 millones adicionales para los créditos que no cuentan con ningún tipo de garantía.
La comunicación al regulador bursátil incluye el ejercicio de simulación al que la propia CNMV obliga para medir el impacto de las nuevas dotaciones en el balance. Con los datos a 31 de diciembre de 2011, y si hoy NCG tuviera que cerrar sus cuentas, el resultado "minoraría" en 776 millones de euros, el capital principal bajaría hasta el 7,28% -actualmente está en el 8,2%, pese a que la normativa de solvencia le obliga a mantener un 10%, por el saneamiento extraordinario ejecutado el pasado año- y el coeficiente de solvencia se reduciría en 0,59 puntos. Los descensos serían mayores sin la provisión genérica de 195 millones de la que dispone y "la capacidad para generar resultados recurrentes".
Los 1.109 millones de euros reconocidos ayer se suman a los 2.396 millones de euros a los que asciende la limpieza derivada del primer decreto y que todavía está pendiente. En total, 3.505 millones de euros, como adelantó este periódico, que el banco deja en manos del mismo plan que presentó para adaptarse a los requisitos de febrero. O bien una subasta convencional o un concurso restringido a inversores minoritarios por un máximo del 40% del capital del FROB -que seguiría siendo el socio de referencia, con la mitad de los títulos- para facilitar la entrada de los fondos internacionales con los que negocia el presidente, José María Castellano. Ambos procesos con Esquema de Protección de Activos (EPA), que tendría que incrementarse para asumir las necesidades adicionales para el crédito sin mora.
La misma estrategia
"Todo ello sin perjuicio de que dentro del plazo concedido por el nuevo real decreto (11 de junio) pueda valorarse la incorporación de otras alternativas de acuerdo con las autoridades supervisoras", señala el banco, en referencia a los bonos convertibles contingentes-os CoCos, en jerga financiera- con los que Economía está dispuesta a ayudar al sector. Novagalicia quiere dejar la puerta abierta a todo, pese a que su apuesta sigue siendo la puja reducida y que parece imposible que el Gobierno apruebe otra inyección millonaria a una entidad que acumula más de 3.500 millones de dinero público.
Para las entidades que recurran a los CoCos o cuenten con préstamos de FROB1, la tutela pública sobre su segregación es sensiblemente menor. El decreto obliga a que antes de tres años la relación entre ambas partes "sea como máximo la de empresa asociada" y que su función sea "exclusivamente" la "administración y enajenación, de forma directa o indirecta" de los activos. Economía no puede meterse en las funciones adicionales que los bancos fuertes, y privados puedan incluir en este tipo de sociedades.
Sin aclarar cuáles, el Gobierno ofrece "instrumentos financieros" -como garantías o avales estatales- también para los vehículos inmobiliarios, a los que les correspondería "completar" las dotaciones si las de la entidad son insuficientes. A cambio, los encargados de su gestión "deberán tener experiencia acreditada" y comprometerse a vender "al menos" un 5% de los activos cada año.
