Con todo el revuelo económico y político generado por la nacionalización del cuarto grupo financiero, el mayor rescate público de la historia de España, la exigencia de responsabilidades que desde innumerables tribunas se reclaman alrededor de la gestión del grupo BFA vuelve a sacar del pasado reciente muchos nombres, protagonistas de antaño en las crónicas económicas y hoy discutidos ejecutivos de nuevo. Es el caso de Miguel Blesa, todopoderoso expresidente de Caja Madrid, el germen de Bankia, que a su salida dejó en manos de Rodrigo Rato el incipiente proyecto de fusionarse con Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Caixa Galicia. "Él lo hará muchísimo mejor", decía, en referencia al exvicepresidente económico de la era Aznar. Ahora que el Gobierno deja la puerta abierta a la gestión conjunta de las entidades nacionalizadas, Madrid, como un eterno retorno, se cruza otra vez en el futuro del sector financiero gallego.

Aquel plan que despertó los primeros movimientos del sector tras la intervención de Caja Castilla-La Mancha fue bautizado, según desveló hace un par de semanas el portavoz de los populares gallegos en O Hórreo, como Operación Calma. El presidente Alberto Núñez Feijóo se atribuye su paralización. La CAM también quedó finalmente fuera, aunque el resultado -la madrileña acabó uniéndose a la otra caja valenciana, Bancaja, junto a cinco entidades mucho más pequeñas- fue muy similar. Y con el mismo impacto. El del enorme peso del ladrillo en los balances.

Novagalicia se encuentra en un momento de incertidumbre, con un 90,5% del capital en manos del Estado, que esta misma semana abrió "todas las alternativas" para el y Catalunya Banc, otra de las nacionalizadas y en proceso de subasta ya. Incluida la integración en un gran banco público temporal hasta que los mercados se tranquilicen y la privatización permita recuperar todo, o parte, de las multimillonarias inyecciones públicas que recibieron.

Solo NCG reúne 3.500 millones y ofrece ahora como alternativa al Esquema de Protección de Activos (EPA) que requieren los fondos internacionales con los que negocia una tercera aportación del Estado en forma de capital -como en Bankia- que cubra, entre otras partidas, otros 3.500 millones de euros pendientes en saneamiento por los dos decretos y un déficit de capital principal cercano a los 1.000 millones. Sin contar el crédito fiscal que el banco tiene contabilizado en su balance por importe de 2.000 millones.

El nuevo presidente de Bankia fue el último en apuntarse al desconocimiento de la existencia de esa posible unión de las entidades nacionalizadas. "No está planteado. No sé si se va a plantear y no tengo ninguna información en ese sentido", aseguró ayer. Lo mismo que trasladan desde el banco gallego. El pasado viernes, la vicepresidenta económica evitaba también entrar en los detalles para dejar claro solo que el Gobierno buscará en cualquier caso "lo que menos cueste para el contribuyente". Soraya Sáenz de Santamaría defendía que las subastas abiertas seguían adelante. Oficialmente, la de Catalunya Banc. Quizás para evitar lo que viene ocurriendo en todos estos meses, con anuncios y previsiones que se caen por el camino, Economía habla siempre de "una de las alternativas" a las que no hay que cerrar la puerta.