"En absoluto", respondía la vicepresidenta del Gobierno el viernes a la pregunta de si finalmente a España no le quedará otro remedio que solicitar ayuda a Bruselas para recapitalizar la banca. A esa hora aún no se sabían las necesidades exactas de Bankia, pero los primeros cálculos apuntaban a un mínimo de 15.000 millones de euros. Soraya Sáenz de Santamaría evitó la discusión de cifras "que ni sabemos de dónde vienen". Luego la realidad confirmó las peores expectativas, que el saneamiento de la entidad demanda 19.000 millones de euros.

Justo unos días antes, el presidente insistía en ese mismo mensaje, con un prudente "a día de hoy". Mariano Rajoy fue mucho más rotundo durante la campaña electoral cuando en la entrevista concedida a TVE afirmó sin medias tintas que, si era necesario, tiraría del fondo europeo de estabilidad financiera. Pese a que eso supondría todavía un mayor control comunitario de las cuentas. "No lo dude", aseguraba entonces. Y ahí se quedó la intención. Porque todas las contestaciones que vinieron después apelaban a cargar las ayudas al propio sector o, como permite el segundo decreto de limpieza del ladrillo, con préstamos de un 10% de interés.

Claro que, como reconoce el Ejecutivo, la situación es "muy diferente" tras la nacionalización de Bankia. Muy diferente hoy, 27 de mayo, a la que había hace solo quince días, cuando se aprobó la normativa. Los 19.000 millones de euros que pide el cuarto grupo financiero del país y que, según su presidente, serán capital y, por tanto, sin devolución a las arcas públicas, plantea la duda de dónde vendrán esas importantes cantidades. La factura se elevará sin duda con los apoyos -también millonarios, aunque evidentemente a mucha distancia- que requieren Novagalicia Banco y Catalunya Banc.

¿Y ya está? No. Quedan dos retos pendientes. Por un lado, el impacto de los dos saneamientos en las entidades medianas. Luis de Guindos asumió públicamente que habría pérdidas y situó las ayudas por debajo del volumen total aportado en la legislatura socialista, de 15.000 millones. Solo Bankia deja esa cifra obsoleta. Por si fuera poco, a mediados de junio se conocerán los resultados de las dos auditorías externas de la cartera inmobiliaria, con la duda de si las tasaciones del sector y su cobertura de la morosidad serán las adecuadas.

"Estoy seguro de que el Estado español conseguirá la financiación para que nosotros tengamos los 19.000 millones. Éste es el compromiso", afirmó ayer el presidente de Bankia. Pero tampoco él, que pactó el respaldo con el Gobierno, dice de dónde.