El 11 de junio será, definitivamente, una fecha clave, el nuevo día D de la reestructuración del sistema financiero que dura ya tres años. Ese día acaba el plazo para que las entidades expliquen ante el supervisor cómo piensan cumplir con el decreto de saneamiento, que obliga a provisionar los préstamos del sector inmobiliario sin riesgo de mora.
Pero además, esa es la fecha que ha escogido el Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer públicos los resultados de su prueba de estrés al sector español , según adelantó ayer el ministro de Economía. El organismo que preside Christine Lagarde analizará la capacidad de supervivencia de las entidades españolas en un escenario macroeconómico ante una caída del PIB del 4% este año y un 2% el que viene -"Irreal", asegura Luis de Guindos- y del que ya se sabe que el 70% de la banca aprueba y un 30% no.
"En ese porcentaje hay un peso importante de Bankia", recuerda el ministro, que recientemente incluyó en ese mismo grupo a las entidades nacionalizadas o intervenidas. A Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia. Ese informe y el que "la semana siguiente" saquen las dos auditoras externas de los activos inmobiliarios marcará el mapa quer trazará el Ejecutivo para poner fin a "uno de los desequilibrios" de la economía.
"Antes de finales de junio -apunta De Guindos-, tendremos tres contrastes". ¿Y a partir de ahí? En ningún momento el ministro se refirió a las consecuencias de esos tres informes, ni las posibles debilidades en cuanto a limpieza de balances y recursos propios que se puedan detectar. Pero justo después de subrayar la importancia de "generar transparencia", apuntó la estrategia del Gobierno a "avanzar hacia la unión bancaria" en el territorio comunitario.
Un escenario en el que él da por seguro "más coordinación" en la supervisión, un fondo de garantía de depósitos único y "un mecanismo de inyección de capital a los bancos". "En los próximos días, en las próximas semanas, veremos señales en dicha dirección", señala. Lo que equivale a dejar una puerta abierta a que, tras Bankia -teóricamente, Economía ya decidió aportarle los 19.000 millones de euros que demanda a través del FROB-, cualquier posible nueva ayuda pueda venir vía Bruselas.
Durante su comparecencia ayer en el Círculo de Economía, el titular de Economía negó "trato de favor, amiguismo" hacia el anterior presidente de Bankia. De que la presencia de Rato, exvicepresidente en la anterior etapa popular, explicara un posible retraso en tomar medidas con la entidad, como también ayer criticó el presidente del Banco Central Europeo.
Lo que dice Mario Draghi -asegura De Guindos- es el principio que se dice siempre en la supervisión financiera". Que se llega tarde. El ministro niega que el proceso, como el máximo responsable del regulador europeo achaca, arrastrara "un baile de cifras".
"El Gobierno no ha tenido nada que ver en las cantidades", asegura, en relación a los agujeros detectados por la actual cúpula del grupo BFA, aunque comparte que su diagnóstico es "muy certero. De ahí que la nacionalización vaya a acabar con una presencia del Estado "elevadísima" en el accionariado.
"Se ha hecho lo que se tenía que hacer -reitera-. No rescatar es una burrada". Insistentemente, el ministro apela a los "solo cinco meses" que los populares llevan en Moncloa y deja la pelota de las cifras en la propia entidad para eximir al Ejecutivo de las cuentas. "Perdemos a veces un poco la perspectiva -dice-. Nosotros hemos tenido poco que ver". El PSOE exigió ayer a la Fiscalía que ordene "las acciones que considere necesarias" para depurar responsabilidades en la gestión de Bankia, mientras que el portavoz económico del PP, Luis Martínez-Pujalte, culpó al PSOE de la crisis de la entidad madrileña
Tras horas y horas de intensa negociación, incluso en los propios escaños del Congreso, el Gobierno dejó la puerta abierta ayer a posibles cambios en su segundo decreto de saneamiento para el sistema financiero. La tramitación será como proyecto de ley, con lo que hay posibilidades de incluir enmiendas, lo que le permitió no quedarse prácticamente solo en la aprobación -el apoyo se quedó en Coalición Canaria y UPN- y que PSOE y CIU optaran por abstenerse. El resto del arco parlamentario votó en contra, entre críticas por la "socialización de las pérdidas del sector" o la falta de explicaciones alrededor de Bankia. Francisco Jorquera advirtió al Ejecutivo de que si admite que hubo abuso en la venta de preferentes, "está reconociendo un delito" por el que tendría que acudir a la Fiscalía. La principal demanda de los socialistas es que el texto incluya garantías de que "ni un euro público" para las entidades se vaya a "perder" y que considere una solución para las preferentes.
