"Administración desleal" o, alternativamente, "apropiación indebida" y "defraudación". Son los delitos que Fiscalía Anticorrupción atribuye a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia y a Julio Fernández Gayoso. Infracciones por las que el Ministerio público reclama la devolución de 7.875.474 euros a Javier García de Paredes y Moro, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán. Al primero de ellos, exdirector general adjunto de la caja fusionada y exdirectivo de Caixa Galicia, se le pide que devuelva la mayor parte de esta cantidad: 5.266.014 euros. Mientras, al exdirector general de Novacaixagalicia le reclama 1.443.917 euros; al exdirector de la división comercial, 913.602 euros; y al exdirector de la oficina de integración, 260.940 euros. Anticorrupción recurre a dos artículos del Código Penal para fundamentar una querella que ha sido trasladada ya a la Audiencia Nacional, que debe decidir si la admite o no a trámite.

La Fiscalía se apoya en el artículo 295 del Código Penal, que estipula penas de multa o cárcel para los "administradores que dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad con abuso de las funciones propias de su cargo". Es aquí donde reposa toda la demanda y la razón por la cual Anticorrupción se querella también contra Julio Fernández Gayoso aunque éste no haya cobrado nada en concepto de indemnización y no tenga que devolver ninguna cantidad. La Fiscalía entiende que el expresidente de Caixanova cooperó con el resto de exgestores para que mejorasen sus contratos antes de dejar la entidad.

Los querellados, según la Fiscalía, actuaron "con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación por la que atravesaba la entidad crediticia". Además, cree que se ocultó "al consejo y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones" a las que, cree el ministerio público, "no tenían derecho en parte".

La querella se retrotrae hasta el año 2010. El 11 de mayo Caixa Galicia y Caixanova acordaron fusionarse y pidieron "un primer apoyo financiero al FROB por importe de 1.162 millones de euros". Según la Fiscalía, y "para preparar su previsible y futura salida de la entidad bancaria", tres altos directivos de la caja "acordaron mejorar sus contratos de alta dirección". Se trata de José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada. No es hasta el 20 de octubre de ese mismo año cuando los tres directivos reciben sus nuevos contratos. Gayoso firma el de Pego y éste, a su vez, el de los otros dos gestores.

En ese momento, y según consta en la querella, "se altera el concepto de renta vitalicia total": las pagas variables por resultados se convierten en una paga fija, integrada en la renta vitalicia total. El consejo de administración que aprobó este cambio -celebrado dos días antes, el 18 de octubre de 2010- lo hizo sin ser consciente de ello, según Anticorrupción. Asimismo, los nuevos contratos de Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada -que posteriormente firmaría García de Paredes- incluyen una cláusula que blinda sus pensiones por jubilación. Cabe recordar que ninguno de ellos percibió su pensión de retiro hasta la fecha. Solo José Luis Méndez, que no aparece en la querella, percibió su paga íntegra (11,2 millones netos) al cumplir los 65 años.

Los directivos agregaron un "derecho de viudedad" en sus contratos. "Se han asegurado que, en el momento de su jubilación, puedan rescatar su póliza", reza el texto de la demanda. ¿Qué significa esto? Que, en principio, los cuatro exgestores podrán percibir su pensión "aunque la entidad contratante de la póliza haya quebrado".

El 1 de diciembre de 2010 echa a andar Novacaixagalicia como caja única de la comunidad. El consejo de administración celebrado ese mismo día aprueba, de nuevo sin ser consciente de ello, validar los contratos de alta dirección presuntamente fraudulentos. ¿Qué consiguen los querellados? Que Novacaixagalicia, como sucesora natural de Caixanova y Caixa Galicia, valide todos los extremos de los contratos. La Fiscalía apunta a que los consejeros dan validez a las cláusulas "en la creencia de que las obligaciones contraídas por Novacaixagalicia con los altos directivos de Caixanova databan de sus antiguos contratos de alta dirección". Pero no era así, según el ministerio público.

García de Paredes, y a propuesta de José Luis Pego, obtiene ese mismo día un contrato de alta dirección que le reportaría una prejubilación de más de 5,6 millones de euros.

El decreto de solvencia de enero de 2011 marca un revés para la caja. Se necesitan 2.422 millones de dinero público para alcanzar la ratio de solvencia del 10%. Pese a esto, el 15 de agosto de 2011, el consejo se reúne de nuevo para aprobar las "eventuales" prejubilaciones de altos directivos (sin dar nombres). Todos los consejeros -menos José Luis Regueiro (CCOO), Miguel Argones (Csica) y José Luis Veiga Lage (BNG)- aprueban otra vez la medida.

Ya había entrado en vigor un real decreto (771/2011) que obligaba a las entidades a informar al Banco de España de las prejubilaciones de altos cargos. Novacaixagalicia no envió esa información al supervisor bancario, según la Fiscalía. Con los contratos plenamente vigentes, y con un fondo específico para sufragar el coste de la salida de estos cuatro exdirectivos de la caja única -valorada en 188 millones de euros-, Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y García de Paredes abandonan la compañía entre septiembre y diciembre de 2011. En caso de De Paredes, se fue cuando NCG ya había asumido el negocio bancario.

En octubre de 2011 el sindicato CIG instó a la Fiscalía a iniciar diligencias contra el cobro de prejubilaciones de los exgestores, como confirmó a LA OPINIÓN el responsable de Banca del sindicato, Clodomiro Montero. Anticorrupción respondió un mes más tarde y confirmó que había iniciado diligencias previas. En total, y según la querella, el ministerio público recibió más de 4.000 peticiones de particulares que lo instaban a iniciar el proceso que empezó ayer.

La CIG no descarta personarse como acusación particular y ampliar la querella a otros exgestores. "Ni son todos los que están, ni están todos los que son", ironizó Montero.

De acuerdo con la querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción, los exgestores de las cajas "ocultaron las mejoras en sus contratos" al consejo de administración de la entidad, "para lo cual contaron con la necesaria cooperación del presidente de la entidad (Caixanova), Julio Fernández Gayoso, "en menoscabo del patrimonio de la entidad bancaria que administraban". Anticorrupción no reclama la devolución de cantidad alguna al actual copresidente de Novacaixagalicia ya que no percibió ninguna cantidad con las medidas aprobadas en la entidad.

Según el escrito del ministerio público, Gayoso propuso al consejo la aprobación de las mejoras de los contratos "sin identificar a qué personas podía afectar y sin cuantificar las indemnizaciones" derivadas de los mismos. En septiembre de 2011, tal y como apunta Anticorrupción, el directivo "aprobó y liquidó las prejubilaciones" de Pego, Gorriarán, rodríguez Estrada y García de Paredes.