La Audiencia Nacional admitió ayer a trámite la querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción contra el copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, y los cuatro exdirectivos que se prejubilaron justo antes de que la entidad trasvasase su negocio financiero al banco NovagaliciaFiscalía AnticorrupciónNovacaixagaliciaJulio Fernández GayosoexdirectivosNovagalicia. El titular del juzgado central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó ayer el auto que en el que asume el peso de las investigaciones y advierte indicios de delito de administración desleal o de apropiación indebida en la aprobación de los contratos de alta dirección que recogen las altas indemnizaciones y en el cobro de las esos retiros, por los que la Fiscalía Anticorrupción exige la devolución de 8,7 millones de eurosAnticorrupción.
La investigación judicial actualmente en marcha es consecuencia de la denuncia contra los consejos de administración de Caixanova, Caixa Galicia y Novacaixagalicia que presentó el abogado coruñés Pablo Arangüena el pasado 24 de octubre, después de que la caja fuese transformada en un banco y el Banco de España diese a conocer la ínfima valoración de la entidad gallega, que se redujo a 181 millones de euros, el 12% de su valor en libros.
Cooperador necesario
El juez ratifica como antes había advertido Anticorrupción que José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, con Julio Fernández Gayoso como "cooperador necesario" pudieron disponer "fraudulentamente" de los fondos de la entidad para elevar sus prejubilaciones José Luis PegoJavier García de ParedesGregorio GorriaránÓscar Rodríguez EstradaJulio Fernández Gayosoprejubilaciones.
El magistrado da la opción al denunciante, a la Abogacía del Estado y al accionista mayoritario del banco, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de adherirse a la acusación que ejercerá la Fiscalía y encarga la práctica de nuevas diligencias para investigar cómo se produjeron los hechos. Entre estas pesquisas, Ismael Moreno requiere a Novagalicia a trasladarle información sobre las prejubilaciones que ya le exigió Anticorrupción el pasado día 1 y al FROB la escritura de suscripción de participaciones preferentes por valor de 1.162 millones de euros que el Estado inyectó en la caja fusionada para financiar su reestructuración así como la documentación que tenga sobre la segunda inyección de capital de 2.465 millones.
Desde la Audiencia Nacional recuerdan que Anticorrupción alega en su querella "la grave repercusión para la economía nacional" que se deriva del posible "daño patrimonial por medio de engaño o fraude", ya que, "en parte", los 7.875.474 euros que, según la Fiscalía, se cobraron irregularmente venían de las arcas públicas.
El Ministerio Fiscal reclama a José Luis Pego, que fue director general de Caixanova y pilotó la fusión con Caixa Galicia, la devolución de 1.443.917 millones; a Javier García de Paredes, exdirector adjunto se le reclaman 5.266.014 euros. El exresponsable de la división inmobiliaria, Gregorio Gorriarán, tendría que devolver 913.602 euros y Óscar Rodríguez Estrada, encargado de la oficina de la integración, 260.940 euros.
La querella de Anticorrupción sostiene que Gayoso, Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada convinieron modificar los contratos de alta dirección que los cuatro tenían ya en Caixanova y que llevaron la decisión a la cúpula de la caja antes de fusionarse con Caixa Galicia, aunque sin precisar las indemnizaciones. Y advierte: "Dicha modificación (...) no estaba amparada ni consentida por el consejo de administración de 18 de octubre de 2010, pues lo que aprobó dicho consejo era 'consolidar la retribución complementaria por resultados, parte fija cuyo importe se incorpora a la retribución fija a percibir en las pagas anuales de conformidad con el Pacto Laboral de Fusión'. Y la modificación era de aplicación a todos los empleados de Caixanova, pero no a los altos directivos, cuyo sistema retributivo se regía por lo acordado específicamente en sus contratos de alta dirección".
Autorización a medias
Los contratos fueron ratificados en el primer consejo de la caja unificada, de nuevo sin precisar sus condiciones, y en ese momento se extendió a Javier García de Paredes, número dos de la caja fusionada. Pero como advierte la Audiencia Nacional, la cúpula no autorizó los cambios sino simplemente "respectar y aceptar, ahora y en el futuro, (...) los derechos que le fueron reconocidos en materia de extinción de contrato", a propuesta de Julio Fernández Gayoso.
La Audiencia Nacional remitió a la Fiscalía otra denuncia de un particular, el presidente del Sindicato de Guardias Civiles para la Democracia contra Gayoso, Pego, José Luis Méndez -exdirector general de Caixa Galicia, y sus dos hijos, ex altos cargos de la caja. La organización les acusa de delitos societarios, administración desleal y fraudulenta y apropiación indebida, entre otros.
