"Los accionistas, cuotapartícipes o socios serán los primeros en soportar pérdidas", dice el artículo 4 del real decreto de reestructuración y resolución (liquidación) de entidades de crédito. Las que reciban dinero público deberán imponer a este grupo una quita en el valor de sus participaciones para "reducir la carga al contribuyente" cuando sean rescatadas. Pero el Fondo Bancario, que ostenta más del 90% de las acciones de Novagalicia Banco, no sufrirá ninguna pérdida en los 2.465 millones que inyectó en el banco en septiembre del año pasado. "El FROB no se considerará en ningún caso incluido entre los accionistas", matiza el punto dos del mismo artículo.

Esto significa que corre la lista a la hora de aplicar las pérdidas en la llamada orden de prelación, y todo el grueso de las pérdidas pasará al resto de accionistas -el grupo de empresarios privados y Novacaixagalicia- y los titulares de participaciones preferentes y subordinadas. Este aspecto es una novedad no contemplada a priori por el Ejecutivo y que se corresponde con el mandato de Bruselas de reducir al máximo el gasto para el contribuyente que pueda derivarse del rescate a una entidad, en este caso a NCG.

"Los accionistas y preferentistas pagarán el banco malo", explicó el experto David Cano a RNE, pero el FROB se inhibe a la hora de asumir su parte. La cuantía de las pérdidas está por determinar, pero el canje se hará por el precio de mercado de las emisiones con una prima máxima del 10%.

Acorde con esta premisa obligada de Bruselas, y acatada por el ministro Luis de Guindos (quien firmó el memorando de rescate el 20 de julio), el hecho de que una entidad reciba "instrumentos de apoyo financiero" no reducirá "las pérdidas derivadas que corresponde soportar" a accionistas y tenedores de productos híbridos.

El FROB tendrá plenos poderes para decidir cómo se acometerá la quita a las preferentes, subordinadas y resto de acreedores. En caso de que el Fondo optase por ofrecer un producto alternativo -la vía más ventajosa a priori para los clientes- el Gobierno podría abortar la operación "en cualquier momento". Para ello deberán concurrir "circunstancias excepcionales", tales como la "persistencia de una situación de inestabilidad o una amenaza inminente para su estabilidad". De este modo el FROB abre la puerta, como dejó entrever el ministro en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, a que las acciones para el reparto de cargas (pérdidas o quitas) fueran aún más severas si la entidad está en riesgo o si el canje pone en peligro la estabilidad del sistema financiero.

A la hora de poner en marcha los canjes o la recompra de las preferentes y subordinadas en circulación el Gobierno tendrá plenos poderes para hacerlo y no necesitará de la validación del consejo de administración o la junta de accionistas del banco afectado. "La ejecución de los actos administrativos dictados por el FROB no estará sujeta al consentimiento" de los máximos responsables del banco. El vaciado de poder que el Ejecutivo impone a las entidades es aquí absoluto, y la decisión que tome el Fondo Bancario será "eficaz desde su adopción". Fuentes oficiales de Novagalicia ya indicaron a este diario que las decisiones que atañen al futuro de las preferentes estaba en manos del Ministerio de Economía y Bruselas, y no podrá someter a votación una medida lesiva para sus afectados aunque ésta provoque descontento y riesgo de fuga de depósitos.

La quita que imponga el FROB tendrá carácter de acto administrativo, de ahí que la única vía para impugnarlo sea la contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional. Si un afectado o grupo de afectados opta por esta vía, y aunque el fallo sea favorable, la sentencia afectará únicamente a la emisión de esas personas, no a todas las ventas de preferentes y subordinadas de Caixa Galicia y Caixanova.

Pero el decreto incluye una letra pequeña más. Si el fallo es favorable, pero su ejecución supone la devolución de un "volumen significativo" o perjudica la estabilidad del banco, el juez podrá decretar que es "imposible" aplicarla. El afectado no recuperaría el dinero.

Entre gritos, cordones policiales y golpes de los antidisturbios. Así intentó un grupo de afectados por las preferentes y subordinadas exponer su enfado ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto que el PP celebraba en el castillo de Soutomaior. Tarea imposible -solo consiguió hablar con ellos un pequeño grupo de afectados que entró al acto en coches particulares- habida cuenta del fuerte control policial que impidió, en algunos casos, que los afectados lograsen subir a donde estaba el grueso de manifestantes. "Cargaron dos veces contra la gente, muchos de ellos eran mayores, y yo me eché atrás porque iba con los niños", contó a este diario Yoli Viñas, una de las afectadas por este producto de alto riesgo que acudieron a la protesta. "No esperábamos esta reacción, no hicimos nada malo, sólo protestar para defender nuestros intereses y denunciar la estafa", lamentó.

La protesta tuvo lugar un día después de que el Gobierno aprobara la reforma financiera que impone pérdidas cuantiosas a los tenedores de preferentes y subordinadas de Novagalicia. Los afectados mostraron su "malestar" tras conocer las declaraciones de Feijóo, quien aseguró que los manifestantes estaban allí movilizados porque "saben que somos la única esperanza, no para culpar al Gobierno y a la Xunta". "¿Entonces por qué cargaron contra nosotros?", se preguntó Argimiro Martínez, de otra de las plataformas de afectados. "Tener que escuchar cosas así es una falta de vergüenza", ahondó. Los primeros manifestantes llegaron a la subida del castillo "antes de las 10 de la mañana" y un cordón policial impidió que los autobuses subieran a las proximidades del lugar que acogió el acto político de los populares. "Subimos a pie hasta que nos pararon los antidisturbios, y luego nos fueron empujando para que bajáramos otros 200 metros", agregó Martínez.

Un grupo de unas cinco o seis personas de la plataforma de O Morrazo, que entró en el acto en coches particulares -según algunos testigos-, pudo hablar tanto con Rajoy como con Feijóo sobre el problema de las preferentes, como confirmaron fuentes del Partido Popular. Los afectados aseguraron estar "muy contentos" por las explicaciones aportadas por ambos líderes políticos, que le transmitieron estar trabajando para lograr una solución satisfactoria "en el marco de la Unión Europea" pese a que el decreto está ya en vigor.

En la protesta hubo también representantes sindicales contra los recortes y a favor de carga de trabajo para el sector naval.