El Congreso ha adaptado la ley de Estabilidad Presupuestaria a los requerimientos del mecanismo financiero que ayudará a hacer frente a las necesidades de liquidez autonómica, a cambio de condiciones adicionales de ajuste para las cuentas regionales.
Se han rechazado asimismo las enmiendas parciales y también las cinco enmiendas a la totalidad que habían presentado PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-Cha-ICV), BNG y ERC, que argumentan que el objetivo del Gobierno es minar aún más el autogobierno de las regiones y justificar el proceso de recentralización.
Pero el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha recalcado que "no hay otro ánimo" que el de facilitar la operatividad del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a finales de septiembre o como muy tarde en octubre para atender a los vencimientos de cierta consideración de las CCAA en esas fechas.
Montoro ha recordado que la adhesión al FLA -dotado con 18.000 millones de euros- es "voluntaria", pero conlleva una serie de condiciones de seguimiento y cumplimiento del déficit público, de las que no son ajenas los aprendizajes derivados de las grandes deudas que las administraciones públicas acumularon con sus proveedores.
Ante las necesidades declaradas de ayuda financiera (Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña han anunciado que acudirán a este mecanismo) el ministro ha pedido "coherencia" a los grupos políticos con responsabilidades de gobierno en las regiones, y ha pedido la retirada de las enmiendas a la totalidad presentadas.
Lejos de aceptar esta sugerencia, varios portavoces le han acusado de dar otra vuelta de tuerca al estrangulamiento de las comunidades autónomas.
El diputado del PSOE Pedro Saura ha afirmado que cambiar la ley a tres meses de su aprobación "dice muy poco" de la confianza que debe generar ante los mercados y ha dicho que el Ejecutivo ha tenido que modificarla porque "no la puede cumplir".
Tras preguntarse por qué ahora un "plan de hombres de negro" para las CCAA, se ha respondido él mismo que como la política del Gobierno no genera credibilidad, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trata peor a los españoles en educación y sanidad que la canciller alemana Angela Merkel.
El diputado de CiU Jose Sanchez Llibre ha subrayado que el proyecto no favorece que todas las CCAA vayan en la dirección de establecer mecanismos para cumplir sus objetivos de déficit y quiere reducir la autonomía financiera de las autonomías y corporaciones locales.
Además, ha acusado al Ejecutivo de buscar planteamientos negativos para intentar que se considere a las CCAA como máximas responsables del déficit "desbocado" cuando "lo único que han hecho", a su juicio, es dar los servicios esenciales con pocos recursos.
IU: "Es una camisa de fuerza"
El portavoz de IU, José Luis Centella, ha afirmado que con esta ley se invaden competencias y materias consagradas por la Constitución Española y ha añadido que lo que pretende el Ejecutivo es convertir esta norma en "verdaderos planes de rescate para las CCAA para imponer condiciones; es una camisa de fuerza que va a impedir el desarrollo de su autonomía".
Además, ha dicho que el Gobierno está "sembrando gasolina" en España porque están convirtiendo los servicios públicos en negocio, como podrá observarse en la manifestación del sábado próximo contra los recortes, ha predicho.
También ha previsto "vueltas y tiempos movidos" el diputado de ERC Alfred Bosch, quien en un discurso por la independencia de Cataluña ha recomendado al PP "abrocharse los cinturones".
El portavoz de BNG, Francisco Jorquera, ha considerado el ejecutivo que "se vale de la crisis para una nueva ofensiva centralista" además de consagrar todavía más la condena a depender de las transferencias del Estado, cada vez más exiguas, tesis en la que también abundó el diputado de Compromis Joan Baldoví.
La portavoz de CC, Ana Oramas, se ha abstenido en lo que se refiere a las enmiendas a la totalidad, y ha propuesto la corrección de la "intromisión extrema" en la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Álvaro Anchuelo, portavoz de UPyD, ha asegurado que es imposible cuadrar las cuentas publicas sin reducir el gasto de las CCAA y ha insistido en que se reduzca el número de entes autonómicos, al tiempo que ha defendido mantener el gasto mínimo especialmente para sanidad y educación.
