La CNMV multará a once de las 19 entidades que vendieron preferentes

La CNMV prevé abrir dos expedientes sancionadores por la venta de preferentes este mes, y otros dos antes de que finalice el presente ejercicio. Estos se sumarán a los siete que ya hay en curso y elevarán a once el total en 2012. Debido a la lentitud del proceso, las primeras sanciones no se conocerán hasta 2013.

De los 19 bancos y cajas de ahorros que emitieron preferentes desde 1999 hasta mayo de 2011 por importe nominal de 22.000 millones de euros, las once que se enfrentarán a posibles sanciones emitieron la mitad. El importe de la multa está fijado por ley y es un porcentaje no superior al 5% del valor de la emisión.

"Las entidades estarían dispuestas a pagar una multa aún mayor con tal de que su nombre no saliera a la luz. Más que un perjuicio económico, el coste verdaderamente importante es reputacional", afirmó Segura, a quien se le acaba el mandato al frente de la CNMV el 6 de octubre.

Las sanciones no tienen como objetivo resarcir de posibles pérdidas económicas a los inversores, sino "lanzar un mensaje de disciplina al mercado", explicó Segura, quien propuso modificar la legislación vigente para que se conozca el nombre de la entidad investigada desde el momento en que se le abre expediente, algo que ahora no está permitido.

Segura también sostuvo que la ley impide a la CNMV prohibir la comercialización de preferentes y de cualquier otro producto de renta fija si cumplen con las normas de transparencia en las emisiones, y que para eso habría que cambiar el marco legal comunitario y español, por lo que el cometido de la institución se centra en la supervisión y la sanción, principalmente.

"Es imposible, ilegal, prohibir la comercialización de preferentes a un inversor si se cumplen determinadas condiciones", argumentó Segura, que así rechazó de plano las acusaciones de pasividad del organismo en cuanto a la venta de estos productos y recordó la elevada incidencia de sanciones respecto al total de emisores. "Si eso es ser pasivo...", ironizó.

El hasta el próximo mes de octubre presidente de la CNMV enfatizó que el marco legal "impide hacer cosas que podrían ser deseables", si bien desveló que es "relativamente frecuente que se pida al organismo que preside que incumpla la ley".

A poco más de tres semanas de abandonar el cargo al frente del supervisor de los mercados, Segura sostuvo que se va de la CNMV "con la sensación del trabajo bien hecho dados los medios e instrumentos y la ley vigente".

El rescate, en noviembre

El Congreso aprobó ayer la tercera reforma financiera en lo que va de legislatura, la quinta desde el inicio de la crisis bancaria. Novagalicia Banco, una de las cuatro entidades nacionalizadas por el Estado, recibirá la inyección de capital europeo "a principios de noviembre". Así lo apuntó el ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer durante el debate parlamentario de la reforma. Sus argumentos en defensa del real decreto de reestructuración y resolución bancaria, que germinó a raíz de los requisitos del Memorando de Rescate (MoU), no sirvieron para convencer a los socialistas. El PSOE se desmarca por primera vez y votó en contra, y el PP solo recogió los apoyos de CiU y la abstención del PNV. La comparecencia de De Guindos sirvió para conocer algo más del calendario previsto en la recapitalización del banco gallego, pero también para descartar de momento cualquier viso de solución para los tenedores de preferentes.

Los resultados de los test de estrés realizados a la banca -por Oliver Wyman- se conocerán a final de mes. Las necesidades de capital que detecte en Novagalicia (que reconoce precisar hasta 7.000 millones de euros) no se corresponderá exactamente con el dinero que reciba finalmente de Bruselas. "No tendrán por qué coincidir con las inyecciones necesarias", constató el ministro. La razón, que antes de tener el dinero europeo Novagalicia tendrá que haber ejecutado su ejercicio de reparto de cargas. Esto es, tendrá que haber impuesto quitas a accionistas, tenedores de preferentes y de subordinadas.

El dinero procedente de Bruselas, que por ahora computará como deuda pública -la propuesta de un supervisor bancario es solo eso, una propuesta-, se inyectará primero en las entidades del Grupo 1: Bankia, Novagalicia, Catalunya Banc y Banco de Valencia. Los bancos catalogados como Grupo 2, aquellos que son viables pero precisarán ayudas públicas para recapitalizarse, recibirán la inyección de capital a finales de diciembre. El resto tiene de plazo hasta junio de 2013 para probar que pueden hacer frente a las necesidades de capital que Wyman haya detectado.

A grandes líneas este fue el calendario marcado por Luis de Guindos, que volvió a detallar los tres tipos de procedimientos que recoge el real decreto. Norma que aspira a ser la definitiva y que prevé, contrariamente a lo que había defendido el Ejecutivo, la resolución (liquidación ordenada) de entidades de crédito. La disposición transitoria primera del decreto establece que las entidades nacionalizadas están en un proceso de resolución. "La resolución -explicó De Guindos- se aplicará en una entidad cuando esta sea inviable o lo llegue a ser previsiblemente", y la pretensión del Gobierno es la de "evitar una liquidación concursal" al uso para "garantizar la estabilidad financiera".

Otros dos procesos

Al margen de la resolución y otros dos procedimientos distintos para atajar dificultades en la banca española, y que serán financiadas con el préstamo de hasta 100.000 millones procedentes de Bruselas. "Se prevén procesos de actuación temprana", que serán los que se apliquen en aquellas entidades que pueden ser viables pero que podrán echar mano de bonos contingentes convertibles (CoCos) si así lo aprueba el Banco de España.

La tercera pata de la reforma (además de la resolución y la actuación temprana) es la reestructuración. Aquí se dará apoyo público a entidades que necesiten fondos que puedan devolver con lo que generen sus resultados, pero también las que, no cumpliendo con este precepto, tengan la condición de sistémicas. Aquí parece encajar la figura de Bankia que, pese a necesitar 19.000 millones de euros -acaba de recibir un adelanto de 4.500 millones- vuelve a quedar a salvo de la quema.

El tipo de interés que pagará España por el préstamo europeo será del 1,5%, según sostuvo el ministro en su comparecencia.