El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito con 196 votos de PP, CiU y UPN a favor; el rechazo de 120 diputados de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Amaiur, ERC y BNG; y la abstención de los diputados de PNV y CC, que esperarán a proponer modificaciones durante la tramitación parlamentaria de esta norma como proyecto de ley, que ha sido aceptada por la unanimidad de la Cámara.

Tras un debate de casi dos horas y media, el ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha conseguido mover ni un ápice las posturas mantenidas por las diferentes formaciones políticas, que desde la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros ya se habían ido manifestando al respecto.

Durante su primera intervención en la sesión plenaria, De Guindos ha explicado los principales cambios que incluye el decreto: se fijan los procedimientos de reestructuración o resolución de las entidades con problemas, se regula el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), se "refuerza" la protección de los inversores, se crea el 'esqueleto' legal del 'banco malo' y se define cómo repartir los costes de las reestructuraciones, además de limitarse las retribuciones de entidades con ayudas o elevarse los requerimientos de capital.

Entre las principales críticas de la oposición destaca la falta de negociación en que, a su juicio, ha incurrido el Gobierno para aprobar esta norma, "impuesta" por la troika para poder acceder al rescate bancario de 100.000 millones de euros pactado con Bruselas. En este sentido, varios grupos han reprochado al Ejecutivo que no haya sometido el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate a debate en el Congreso, mientras los parlamentos de Alemania o Finlandia sí lo han votado.

Además, la mayoría de los grupos parlamentarios han lamentado que no se dé solución a los afectados por las participaciones preferentes --aunque en el decreto se incluyen "cautelas" para evitar que casos así se repitan en el futuro-- así como a los desahuciados.

La falta de depuración de responsabilidades entre los directivos bancarios que han provocado que algunas entidades financieras requieran ahora de ayudas públicas o la "socialización" de las pérdidas de la economía especulativa ha suscitado también las críticas de algunas formaciones, lo mismo que la escasa concreción sobre cómo funcionará el 'banco malo'.

En este sentido, varios partidos han anunciado que, durante el trámite de enmiendas, propondrán al Gobierno que permita que parte de los activos inmobiliarios que gestione este nuevo ente se puedan destinar, al menos de forma temporal, a vivienda social.

Pese a todas estas críticas, la realidad es que este decreto se ha convalidado con más apoyos que la reforma financiera del pasado mes de mayo, cuando junto al PP votaron también CC-NC y UPN. Entonces, CiU y PSOE se abstuvieron, y el resto de formaciones votaron en contra.

Ahora, nacionalistas catalanes y canarios han cambiado sus posiciones, y los socialistas han dado un paso atrás, oponiéndose a la norma, fundamentalmente por lo que a su juicio es un desprecio del Gobierno hacia el principal partido de la oposición, con el que no han negociado las nuevas medidas pese a haberse comprometido a ello en el debate parlamentario del pasado mes de mayo.

De hecho, un reproche repetido en varias ocasiones a lo largo de la sesión ha sido precisamente que este decreto llegue a la Cámara baja cuando no ha concluido aún la tramitación parlamentaria de la reforma de mayo, a la que los grupos ya han presentado enmiendas parciales.

Así, se da la circunstancia de que algunos extremos regulados en dicha norma se han quedado ya obsoletos, como es el caso del 'banco malo', que finalmente será uno para todas las entidades, pese a que la anterior reforma financiera preveía un ente por banco.