La Fiscalía Anticorrupción pedirá nuevas diligencias para aclarar las condiciones en las que la CAM concedió 4 millones de euros con fondos públicos al expresidente de su Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, que supuestamente destinó ese dinero a fines para los que no estaban autorizados. El Ministerio Público solicitará más documentación sobre los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia concedidos a Avilés e incluso podría solicitar la declaración de algunos de los directivos que intervinieron en esas operaciones, como Roberto López Abad y María Dolores Amorós.
Operaciones inmobiliarias
El expresidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Juan Ramón Avilés negó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez todas las acusaciones por las que está imputado y ha defendido la legalidad de los créditos por valor de 17 millones de euros que la entidad le concedió a él y su familia para financiar operaciones inmobiliarias. Avilés, que ha estado en el despacho del juez durante apenas diez minutos, negó la existencia de varias pruebas documentales a preguntas del fiscal Anticorrupción y renunció a contestar a las cuestiones de la acusación particular, que ejercen los gestores de la entidad, intervenida por el fondo de rescate (FROB) en 2011.
A su salida de las dependencias de la Audiencia Nacional, que abandonó sin que las acusaciones pidieran la imposición de medidas cautelares, señaló que en estas situaciones "son necesarias tres cosas: tener razón, demostrarlo y que te la den. Creo que hemos hecho las dos primeras", remarcó.
