El recrudecimiento de la crisis disparó el fraude en el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en 2011, según advierte la memoria de la Fiscalía General del Estado del año pasado publicada ayer y en la que se el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, alerta de una "tendencia al alza" en el número de delitos "contra la Hacienda Pública" y un aumento "significativo" en las investigaciones "por defraudación de IVA".
El máximo representante del Ministerio Público reconoce un estancamiento de los delitos societarios, y una estabilización o reducción de los referidos al impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, que atribuye a que la política de la Agencia Tributaria "se ha orientado en esta dirección".
La Memoria de la Fiscalía General comenta de que la crisis económica "lejos de remitir, se ha ensañado con la sociedad" e indica que sus consecuencias se manifiestan "con especial virulencia" en el ámbito del derecho penal. El informe alude a que el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y las crecientes dificultades, son el "caldo de cultivo idóneo" para la comisión de un "nutrido" número de delitos económicos. La Fiscalía de Barcelona reseña un mayor número de infracciones por fraude del IVA y alude al "creciente nivel de sofisticación" al que se ha llegado en los mecanismos para defraudar, mientras que la Fiscalía de Madrid destaca las tramas organizadas para evadir el pago del IVA en el marco de adquisiciones y entregas intracomunitarias de bienes.
El informe invita a los fiscales a tener un espíritu "crítico" y no criminalizar conductas delictivas que no lo merezcan y obedezcan a razones económicas coyunturales y sin embargo ser más rigurosos con las conductas defraudatorias que causan pérdida de puestos de trabajo.
La Fiscalía General explica que lo más "desolador" ha sido el numeroso tiempo invertido en la investigación y enjuiciamiento de los delitos contra la Hacienda Pública en 2011 y lamenta que estas dilaciones hayan provocado, en ocasiones, las prescripciones de algunos delitos investigados, o sentencias tardías que -admite- "serán absolutamente ineficaces".
