"Las ayudas solo pueden concederse bajo determinadas condiciones estrictas, y especialmente la de reducir costes para el Estado al mínimo imprescindible". Es la última respuesta parlamentaria del comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, al respecto de las quitas a las participaciones preferentes de las entidades nacionalizadas por el Estado. Pérdidas que serán generalizadas entre los ahorradores de Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Caixa y Banco de Valencia.

Su homólogo en Competencia, Joaquín Almunia, defiende la misma tesis: las quitas son necesarias para reducir el coste del rescate a la banca española, que rondará los 60.000 millones de euros. Rehn respondió a una pregunta escrita presentada por la eurodiputada nacionalista Ana Miranda, que preguntó específicamente por el caso de Novagalicia Banco.

Almunia añade tres premisas básicas que se han de tener en cuenta antes de inyectar capital público en las entidades: tener un plan "creíble para volver a la viabilidad"; "limitar el impacto negativo en la competencia"; y "reducir el coste al Estado al mínimo imprescindible".

Ambas respuestas son de esta semana. El máximo poder ejecutivo de Bruselas defiende así de nuevo las quitas severas a las preferentes y subordinadas, que deberán ser canjeadas antes de que las entidades reciban la inyección de capital.

Una vez formalizado el reparto de cargas, las entidades recibirán la inyección de capital que necesitan. Esta es la razón por la que lo que el test de Oliver Wyman y las necesidades que detecten en los bancos no se van a corresponder necesariamente con lo que finalmente el Gobierno español pida a Bruselas. Parte de las pérdidas derivadas de la reestructuración o liquidación de las entidades serán asumidas por sus acreedores. Esto es, por los accionistas, preferentistas y tenedores de deuda subordinada.

En todo caso, y en relación a la posible venta irregular de productos de riesgo entre minoristas, tanto Rehn como Almunia inciden en que es el Estado, y no Bruselas, quien debe investigar si existió mala praxis bancaria.

Esta tesis que defiende Bruselas está expresada de manera taxativa en el memorando de rescate a la banca española (MoU), y consta asimismo en el Real Decreto del 31 de agosto. El Gobierno central establece canjes de preferentes y subordinadas a precios de mercado. No se sabe todavía a cuánto ascenderán las pérdidas, pero sí que las quitas serán la vía mayoritaria a aplicar entre los miles de ahorradores que tienen estos productos tras adquirirlos de una entidad ahora en manos del Estado.

Hasta ahora en Galicia está habilitada la vía del arbitraje. Los últimos datos disponibles facilitados por la Consellería de Economía elevan a 1.200 los laudos favorables (el 2,8% de los afectados de Novagalicia) y a 2.300 las vistas pendientes.