Las Comunidades Autónomas que quieran acceder al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) deberán comprometerse a reducir su sector público, eliminar cargas administrativas y barreras al mercado interior y abordar nuevas reformas estructurales para racionalizar el gasto público e incrementar la competitividad.

Así figura en la documentación enviada este lunes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a los Gobiernos autonómicos con una propuesta de acuerdo para quienes quieran acceder a este fondo, dotado con 18.000 millones y que se otorgará mediante un préstamo bilateral con cada CCAA.

El plazo para presentar la solicitud se extiende hasta el 31 de diciembre, aunque se espera que a principios de octubre se suscriban los primeros acuerdos de concesión. El marco general para este fondo es la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que esta semana aprobará el Senado y entrará en vigor.

Según el texto al que ha tenido acceso Europa Press, cada acuerdo con Hacienda conllevará un programa de aplicación del FLA, suscrito por cada Gobierno regional con las condiciones concretas que debe afrontar: requisitos de información pública, condiciones fiscales y financieras, finalidad del importe recibido, seguimiento y control del programa.

Según las instrucciones enviadas por Hacienda, el Fondo se destinará "obligatoriamente" a tres fines. El primero, pagar los vencimientos de deuda pública; el segundo, saldar deuda comercial en sanidad, conciertos educativos y con las universidades. Y el tercer fin del FLA, cubiertos los dos objetivos previos, es que las CCAA paguen transferencias o subvenciones a las entidades locales y las universidades que tuvieran pendientes.

De esta manera, Hacienda atenderá la ayuda solicitada por la Generalitat valenciana a finales de agosto. El Gobierno de Alberto Fabra anunció que necesitaba 3.500 millones de euros para cubrir los vencimientos de su deuda pública, pero otros mil millones más para pagar facturas pendientes. Cuando lanzó la petición, se desconocía si se podrían cargar al FLA otros conceptos diferentes a la deuda pública, razón por la que la Generalitat dejó en manos de Hacienda decidir de dónde puede salir el dinero.

Además, los Gobiernos regionales deberán asumir nuevos niveles de transparencia, mediante la remisión periódica de la situación económico-financiera, presupuestaria, de tesorería y endeudamiento de cada uno de ellos. El objetivo de este intenso envío de información al Gobierno y los controles periódicos es asegurar que se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Por el momento, las Comunidades que han anunciado su intención de pedir dinero de este fondo son Cataluña (5.023 millones de euros), Murcia (700 millones) y la Comunidad Valenciana (4.500 millones), aunque otras lo decidirán cuando conozcan las condiciones.