El empresario Joaquín Rivero y la familia Soler han solicitado el concurso de acreedores para sus respectivas sociedades patrimoniales Alteco Gestión y Mag Import, con las que controlan más del 30% de la inmobiliaria francesa Gecina, principal firma del sector en el país galo, ante las "divergencias entre el sindicato bancario y las compañías", en relación "a la vigencia de la financiación" de la deuda, que en la actualidad asciende a 1.627 millones. En ese macropréstamo están varias entidades españolas, entre ellas el Popular, con 264 millones, y NCG, con 217 millones, que evitaron hacer declaraciones sobre el impacto en sus balances.

Las compañías solicitaron una ampliación del plazo para resolver una condición vinculada a la refinanciación, algo a lo que una de las 11 entidades financieras acreedoras, la francesa Natixis -a la cabeza del crédito, con 266 millones- se negó, siendo necesario un acuerdo unánime, por lo que las sociedades se acogieron al preconcurso de acreedores a fecha 1 de junio.

Además de estas tres, las entidades acreedoras son Bankia (234 millones), Royal Bank of Scotland (212), Caixa Geral (180), Eurohipo (74), Sabadell (73), Liberbank (54), La Caixa (36) y Banco de Valencia (16). La refinanciación incluía tres condiciones suspensivas de las cuales dos se cumplieron -un plan de viabilidad y la opinión de un experto independiente- y la última -el levantamiento judicial del embargo sobre los dividendos que la inmobiliaria abonaba a las dos sociedades- resultó imposible de ejecutar en el plazo fijado al depender de terceros, según explicaban ayer fuentes de Alteco Gestión y de Mag Import, que controlan el 16% y 15% de la francesa, respectivamente.

Las dos compañías, que actúan de forma separada, han iniciado medidas similares dado que los créditos, por importe global de 2.160 millones que recibieron para la compra de acciones en la OPA que presentaron sobre Metrovacesa en 2006 -y que posteriormente canjearon por acciones de Gecina-, están vinculados desde su inicio. Desde 2006 y hasta el 31 de mayo de 2012, fecha en el que el sindicato bancario declara vencido su préstamo, ambas compañías habían cumplido "con absoluta puntualidad" el pago de los intereses por importe de 446 millones, de forma que habían reducido el importe inicial en 533 millones, el 25% del total.