El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) trabaja a marchas forzadas para dejar la recapitalización de las entidades financieras nacionalizadas a punto antes de despedir 2012. En los diez días que quedan, la mitad de ellos inhábiles, aprobará la ampliación de capital para inyectar 5.425 millones en Novagalicia y la transferencia de activos al banco malo, pero dejará para el próximo año la publicación de la quita a las participaciones preferentes y deuda subordinada del banco y las operaciones de canje que se establecerán para cada caso. Al menos, ese es el calendario con el que trabaja NCG.
El banco y las oficinas de consumo de la Xunta mantendrán mientras tanto el arbitraje iniciado en julio pasado y con el que más de 11.000 afectados han recuperado su dinero. En cuanto el FROB y Novagalicia comuniquen el canje, aquellas personas que hayan solicitado el arbitraje y no hayan recibido respuesta tendrán que asumir la quita o recurrir a la Audiencia Nacional. El fondo de rescate busca un modo de dar liquidez a esos accionistas, dado que los títulos de NCG no cotizan en Bolsa.
El FROB inyectará en el banco gallego los 5.425 millones procedentes del rescate europeo antes del fin de 2012 y aprobará para ello y en solitario una operación acordeón, que supone llevar a cero el capital del banco para luego ampliarlo por el valor de la ayuda europea, lo que obligará a Novacaixagalicia y a los accionistas minoritarios a perder toda su inversión; los 181 millones en que fue valorada la caja y los 70,4 millones que pusieron los empresarios gallegos hace un año. El FROB adoptará la decisión de forma unilateral como accionista mayoritario (hasta ahora con el 90%) y sin convocar una junta de accionistas.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró el martes que el Gobierno trabaja en una fórmula para dar financiación a las cajas que pierdan su capital en los bancos pero nada dijo de los empresarios, que preparan una demanda para defender sus derechos. Entre accionistas y titulares de productos híbridos, el FROB espera ahorrar a las arcas públicas cerca de 1.800 millones de euros, con lo que las preferentes que serán canjeadas por acciones ascenderán a unos 1.550 millones de euros de los cerca de 1.900 que sumaban preferentes y subordinadas.
El comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, aseguró ayer que una vez que la entidad reciba los fondos europeos no podrá utilizarlos para compensar a los afectados de las preferentes, aunque exista el aval de Consumo o un fallo de los tribunales. En los casos donde se demuestre que los titulares fueron "engañados", ya sea con "una sentencia judicial o un laudo arbitral con carácter vinculante equivalente al de una sentencia judicial", las entidades "tienen que cumplir", aunque, según comentó, las compensaciones no pueden ser financiadas con fondos europeos. "Deberá ser financiada con recursos que busquen las propias entidades o que se puedan allegar por parte de las autoridades españolas", insistió. El comisario ya había aludido a la necesidad de que el Estado crease un subsidio a cargo de sus presupuestos. "En el caso español hay titulares de preferentes que, por decirlo suavemente, han sido engañados", reconoció.
