La propuesta de acuerdo que el Banco Gallego lleva la próxima semana a una junta extraordinaria de accionistas es un papel en blanco. Literalmente, en la documentación facilitada a través de la web corporativa. Y simbólicamente. Pese a que esta misma semana su principal socio, Novagalicia, confirmó que la venta de su participación es inmediata, y de que su más que previsible propietario único, el FROB, concretó parte del plan previsto.
Tras la operación acordeón fijada para afrontar las pérdidas acumuladas primero y la ampliación de capital después, el Gallego recibirá unos 80 millones de euros de fondos públicos, que, si no hay sorpresas, dejarán nacionalizada al 100% una entidad que suma en estos momentos más de 700 empleos y por encima de los 200 millones en inversiones en su cartera industrial.
Las dos principales preocupaciones que acompañan al proceso, ante la intención manifiesta del FROB de subastar el banco presidido por Juan Manuel Urgoiti.
Tras el ERE formalizado en 2011 para un centenar de empleados, la plantilla del Gallego se mueve ahora alrededor de las 700 personas, repartidas entre los servicios centrales de Santiago y Madrid y una red de oficinas, que, según su propia información, ascendía el pasado 31 de octubre a 183 oficinas. Hasta 117 están ubicadas en Galicia, 29 más en Madrid, 6 en Castilla y León, 5 en País Vasco y Valencia, y el resto se distribuyen entre Asturias, Aragón, Navarra, Andalucía, Baleares, La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña.
El balance intermedio hasta el final de octubre que el banco elaboró para encauzar la operación de capital que se analiza esta semana que viene, recoge el listado de las 87 sociedades en las que la entidad participa directa o indirectamente con su cartera industrial. El importe de las participaciones llega hasta los 204,3 millones de euros. Sobre todo, en firmas energéticas e inmobiliarias, que concentran las inversiones más elevadas. Gest 21 absorbe por sí sola más de 80 millones, después de las tres inyecciones de recursos que recibió del Banco Gallego durante el pasado ejercicio.
La entidad perdió hasta octubre y una vez aplicados todos los saneamientos pendientes de los decretos de provisiones del Ministerio de Economía 275,564 millones de euros, que provocaron además un déficit patrimonial ligeramente superior a los nueve millones de euros. De ahí la advertencia de la auditora Deloitte de que la ampliación de capital se formalice y "en cuantía adecuada".
La plantilla muestra su preocupación. Si finalmente solo el FROB acudirá a esa operación. Lo que parece claro, ante la negativa ya de los actuales accionistas de suscribir la ampliación propuesta a mediados del pasado ejercicio. Y los planes que finalmente el Estado reserva para el Gallego, con un proceso de "concurrencia", según la nota oficial del fondo, que podría desembocar, como ocurre en NCG, en un ajuste laboral y de negocio. "Nos tenemos que será rápido y duro", coinciden desde el comité que, admite, no tiene más información.
