El portavoz parlamentario del PPdeG aseguró que la Xunta llevaría "todos los papeles" que tiene en su poder sobre la fusión de las cajas a la comisión de investigación del Parlamento sobre las entidades de ahorro. Entre esos papeles incluía la auditoría o due diligence con la que la consultora KPMG aseguró que la unión de Caixa Galicia y Caixanova generaría una entidad financiera viable y rentable. Sólo un par de semanas después el presidente, Alberto Núñez Feijóo, matizó que el documento se mostraría públicamente "si se declara secreta". Y los socialistas no están dispuestos a dejar sin despejar la duda hasta que la comisión funcione. Sus peticiones reiteradas al titular del Ejecutivo autonómico para que la enseñe van acompañadas ahora de una advertencia. O se hace esta semana, o denunciarán a Núñez Feijóo ante los tribunales.

"Le reclamaré en el juzgado al Gobierno gallego esa auditoría que explica muchas cosas de cómo estamos hoy en el sistema financiero de Galicia", anuncia Manuel Vázquez. El secretario xeral del PSdeG recordó ayer en una entrevista en la Cadena Ser que la due diligence costó un millón de euros y que el resultado fue "un engaño a toda Galicia" porque concluía que la fusión "iba a resolver los problemas de la comunidad". El líder de los socialistas gallegos puede entender que KPMG "se equivocara", pese a que no detectara "los miles de millones colocados fraudulentamente" en preferentes, pero lo que no admite es que Feijóo "la siga ocultando". La de las preferentes no fue la única de las muchísimas debilidades que acarreaba la integración de las cajas. La carga del ladrillo era un lastre pesado que la auditoría reconocía a medias. La Xunta presumía de la solvencia de la que iba a ser la quinta caja del país, con un beneficio bruto acumulado hasta 2015 de 2.671 millones. La auditoría, como la fusión, se realizaron sin embargo sin considerar el impacto de las sucesivas regulaciones del Gobierno para forzar una reducción del sistema financiero español que se aprobaron tras la alianza. El Banco de España y el Ministerio de Economía autorizaron la fusión, a la que impusieron un elevado nivel de saneamientos, un mes antes de cambiar la regulación y exigirle más capital líquido.

Sindicatos y directivos de Novagalicia se reunirán esta mañana dentro del proceso de negociación del ERE para hasta 2.508 trabajadores. Los empleados de la entidad están convocados a una nuevo paro de protesta entre las doce y las doce y media del mediodía y los sindicatos llaman a la plantilla a secundarlo para mostrar su oposición al nuevo recorte de personal y a denunciar las coacciones o amenazas que se producen "de forma puntual" para que no acudan a las protestas. Los seis sindicatos acusan al presidente de Novagalicia, José María Castellano, de prometerles que habría alternativas a los despidos, dado que el banco no ha puesto ninguna sobre la mesa hasta ahora.