El ahorrador preserva, a la fuerza, un NCG gallego

"Las decisiones estratégicas le corresponden a todo el pueblo gallego, que es su accionista", argumentaba el presidente de la Xunta en diciembre de 2009 durante un viaje por Latinoamérica. Después la caja única se hizo banco y por el camino se quedaron las competencias del Ejecutivo gallego. Su justificación también cuando salen preguntas sobre el papel que puede jugar en el puzzle del futuro de Novagalicia. Que, como privado que es, sí, tiene sus propios accionistas. Pero no el pueblo gallego. El FROB al 100% ahora. En "semanas", alrededor de un 30% en manos de los ahorradores que involuntariamente "salvan" al banco, según Moncloa, y le dan esa galleguidad que guía todo lo ocurrido en estos cuatro años y medio.

ELas primeras emisiones se remontan a 1988. Los constantes intentos de los partidos políticos para limpiarse de responsabilidad en el drama sirven de poco ante la evidencia de las fechas que constan en las emisiones y en la abundante documentación acumulada por las plataformas de afectados y las asociaciones de consumidores que les asesoran. Lejos de ser un problema reciente, la colocación de estos complejos productos financieros entre minoristas se remonta a finales de los años ochenta. En 1988, concretamente, salieron las primeras subordinadas en Caixa Galicia. El resto se concentra entre 2003 y 2009. Lo que no quiere decir que en ese momento dejaran de venderse. Hay contratos en los meses siguientes, incluso en 2010, cuando el mercado estaba desinflado, fruto de las ventas concretas de clientes y la entrega por parte de la entidad a otros que desconocían aún la delicada situación de los híbridos. Durante ese tiempo, todas las formaciones políticas mayoritarias tuvieron tareas de gobierno en Galicia y en Moncloa, con la correspondiente alternancia también en la elección de los responsables de supervisión.

El 77% de los híbridos de NCG está colocado entre minoristas. Lo que da una imagen nítida de la magnitud del problema. Esta misma semana, el secretario de Estado ponía por fin sobre la mesa las cifras del banco gallego. Hasta 38.500 titulares de preferentes con 903 millones de euros atrapados; 5.800 personas con 58 millones en subordinadas perpetuas; y 41.000 con deuda a vencimiento, que suma 857 millones. Parte de ellos cuenta con más de un producto, por lo que la suma total de afectados es "inferior". Novagalicia habla de 61.000 y un saldo de 1.542 millones, tras los 276 devueltos por arbitraje o sentencia. Los inversores cualificados mantienen 545 millones. Tan solo el 23%.

El día en el que se necesitó el dinero y el mercado dio la espalda. A los empleados de las antiguas cajas les bastaba un par de horas en los años de bonanza para localizar nuevos propietarios de los títulos si un cliente necesitaba recuperar su dinero. Claro que nadie esperaba lo que vino después. El estallido de la grave crisis económica en 2008 disparó las dudas sobre la estabilidad del sector financiero español. Sobre todo desde la intervención de Caja Castilla-La Mancha. Y ahí empezó a apagarse el brillo de los pasivos de las entidades, que presumían de elevadísimas remuneraciones -un máximo del 7,75% en el caso gallego-, aunque en la letra pequeña advierten que el cupón deja de abonarse si pincha el negocio. Eso es precisamente lo que ocurrió en NCG el 12 de abril de 2012, cuando pasadas las doce de la noche comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las primeras pérdidas de su historia y la suspensión de los pagos en once emisiones. Antes habían saltado las alertas de familias gallegas que, acuciadas por la recesión, acudieron a la entidad en busca de su depósito y se encontraron la dura realidad de que eran propietarios de esta especie de pseudoacciones que ya nadie quería.

ELas manos atadas por las entidades nacionalizadas. Los 8.000 millones de euros en híbridos de capital aún en vigor entre minoristas, según los datos aportados por el ministro de Economía, Luis de Guindos, representan solo una pequeña parte de los más de 20.000 millones contabilizados en mayo de 2011. Las entidades sanas no tuvieron más que abrir el bolsillo para ofrecer liquidez a sus clientes. Pero las reglas son distintas en las nacionalizadas. Como receptoras de ayudas públicas que son, las autoridades vetan cualquier movimiento de sus fondos para este tipo de canjes -de hecho, la devolución por arbitraje sale de los recursos propios de NCG y no del dinero europeo, registrado como provisión para sanearse-, a lo que se añade la exigencia de Bruselas de que el reparto de cargas por el rescate de una entidad también les toque de lleno a ellos.

El reparto de cargas para reducir la inyección pública hasta los 5.400 millones de euros. ¿Por qué NCG recibió 5.425 millones de euros de las arcas europeas si las necesidades que detectó Oliver Wyman en el test de estrés al sector superaban los 7.100? Toda ayuda de Estado tiene que cumplir, entre otros, dos requisitos fundamentales a ojos de la normativa europea. Que no se aporte ni un euro más de lo estrictamente necesario y que el contribuyente asuma lo mínimo también. Por eso el plan de reestructuración de Novagalicia incorporaba la segregación del lastre del ladrillo a la Sareb -10.400 millones en bruto en activos, 5.100 en valor neto- y el "ejercicio de gestión de híbridos". Es decir, las quitas a preferentes y subordinadas y su canje. Con los descuentos, y según las cantidades que maneja el FROB, las pérdidas que absorben los tenedores rozan los 700 millones de euros. La conversión se hará por acciones para los productos perpetuos y el organismo da por hecho también que ésa será la opción en la mayoría de propietarios de deuda con vencimiento para evitar que el 1,5% de recorte mensual contemplado para ellos deje a cero el nominal. Son 1.107 millones, en línea con la estimación del FROB, que contabilizarán como capital de calidad en NCG y que permiten que la inyección no tuviera que ser mayor.

Descuentos "medios" y "estimados", que agotan la paciencia del colectivo. Porque como desde el mismo Gobierno admiten, habrá diferencias entre cada producto. Por su fecha de vencimiento y el tipo de interés fijado. Aún así, lo único que transcendió el viernes de la pasada semana en una sorprendente comunicación del FROB -que en los dos canjes realizados hasta ahora, de subordinadas en CatalunyaBanc y Banco de Valencia, explicitó al detalle los importes- fueron quitas generales del 43% en preferentes, del 41% en deuda perpetua y del 22% en la de vencimiento.

Deuda de vencimiento, ¿bonos?, ¿depósitos? Pero siempre con el mismo plazo. Ese 22% de descuento general para las subordinadas con fecha de amortización abren la puerta todavía más al despiste de los afectados. La media nace de la consideración del FROB de que muchos de los tenedores en esa tesitura optarán por recoger acciones en lugar de otro tipo de deuda para frenar que los recortes salten por encima del 100% por el descuento mensual marcado de un 1,5% a contar desde diciembre del pasado ejercicio. Hay emisiones que llegan a 2019 y 2020. De hecho, la estimación de la conversión por bonos o depósitos ronda en el organismo los 286 millones de euros. ¿Y cuál de esas opciones es la elegida? El FROB tiene la última palabra. Pero siempre con la imposición de la misma fecha de vencimiento. Una liquidez, pues, muy relativa para quien necesite el dinero.

De preferentistas a accionistas. A la vista de la información que maneja el FROB, prácticamente dos de cada diez euros en pasivos de Novagalicia van camino de convertirse, tras la quita, en capital de la entidad. Acciones convencionales. La única alternativa para las preferentes y la deuda perpetua. "La Comisión Europea está muy vigilante en todo el proceso de reparto de cargas. Ahí se aprobó un mecanismo -explicaba el secretario de Estado de Economía, esta semana en el Senado en referencia a NCG- más generoso que el habitual en la medida en que en lugar de restituir un híbrido de capital de una aportación de liquidez se hacía accionista de la entidad y por tanto esto fue lo que justificó un menor recorte del que establecían los precedentes y las normas de la UE". De lo contrario, el final hubiera tenido similitudes, según Fernando Jiménez Latorre, con rescates como el aprobado para el cuarto banco holandés, SNS Reaal, donde los tenedores perdieron el 100%.

Un 30% de Novagalicia estará en manos, al menos temporalmente, de los afectados. El siguiente eslabón de la cadena de ironías que sigue el proceso. Los 1.100 millones de euros en acciones representan alrededor del 30% de Novagalicia en estos momentos, en función del capital social notificado por el FROB tras la inyección europea. Lo que entraba en los planes de las autoridades españolas y europeas, antes incluso de formalizar el respaldo público, con la posibilidad de alcanzar hasta el 40%, como consta en el term sheet que aglutina el ajuste de Novagalicia para adecuarse al Memorando de Entendimiento.

Un banco que nunca fue tan estrictamente gallego. Paradójicamente, los afectados de las preferentes serán los que marquen la galleguidad del banco, que desde que nació, en septiembre de 2011, nunca tuvo tanto capital de la comunidad -la antigua caja no llegaba al 7% y la veintena de empresarios compró un 2,59%- como va a acumular ahora. Desde luego no por la voluntad de quien controlará esas acciones. Todas las plataformas que representan al colectivo claman contra las quitas y el canje por "papel que no vale nada" y no son precisamente admiradores a estas alturas de la entidad. Un centenar de ellos reclamaba por escrito, e individualmente, a la entidad que "los productos contratados" no pasaran por ninguna modificación y que si los responsables del banco querían notificarles algo lo hicieran por correo certificado y con tiempo como para asesorarse legalmente.

E¿Es posible ver a estos nuevos accionistas involuntarios sentados en el consejo de administración? Aparentemente, nada lo impide. Juntos supondrían el segundo accionista de Novagalicia, por detrás del FROB, con un 70%. Y de la misma manera que Novacaixagalicia llegó a mantener a dos representantes en el máximo órgano de decisión de la entidad, el colectivo de afectados podría tensar la cuerda si agrupa títulos en una cantidad suficiente como para demandar un hueco. Una sindicatura de acciones, como por ejemplo tienen los trabajadores del Banco Popular. Por cierto que entre los 61.000 tenedores de NCG hay muchos empleados y sus familias -el 40% de la plantilla- con pocas probabilidades de recuperación.

La aplicación, "en las próximas semanas". Es lo más concreto que ofrecen los implicados en el proceso. Oficialmente, este mes acaba el plazo para la gestión de los híbridos que se pactó con Bruselas.

ELos mismos interrogantes de los tiempos para el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Todo alrededor del futuro del FGD como comprador de acciones de Novagalicia y CatanlunyaBanc es una "estimación". Los trámites quedarían listos para que en junio empezara a hacerlo. Claro que sus recursos son muy limitados tras el respaldo a las subastas de CAM y Unnim y la derrama extraordinaria que se forzó con la banca sana para costear la liquidez de las preferentes no vendrá hasta la primera veintena de 2014. Y será además solo un 40% de los 2.000 millones de euros establecidos. El resto se reparte en los siguientes siete años. De ahí que el Gobierno haya avanzado que, al igual que con el nuevo sistema de arbitraje, la entrada de expedientes será paulatina, con prioridad para los casos más sensibles. Todos pasarán por una quita adicional que evite que lo que reciban se considere ayudas de Estado. Oficialmente, "un precio de mercado", que tasarán expertos independientes.

Si los casos en espera para el arbitraje en Galicia eran dudosos, ¿por qué cambiarán con el nuevo sistema? Los contratos de 14.500 clientes fueron anulados a través del arbitraje y otros 26 por sentencia judicial, con la recuperación de 276 millones de euros. Un 39% del total de las peticiones, según NCG, pero solo un 16% del dinero. Tras el frenético ritmo ante Consumo en los dos meses previos a las elecciones autonómicas, el número de conciliaciones fue frenándose. NCG lo justificó porque las demandas en espera no estaban claras, a juicio de la auditora encargada de cribar los casos, PricewaterhouseCoopers. El Ejecutivo central habla de que el nuevo sistema, tutelado por una comisión de seguimiento que preside la máxima responsable de la CNMV -sin que esté muy claro si también tirará de asesores externos para analizar las solicitudes-, pero pone el acento en los casos evidentes. "Los llamativos", concretó Jiménez Latorre. Por eso queda la gran duda de si el total de minoristas en la cola del arbitraje gallego tendrán realmente más oportunidades ahora. Sobre todo si se tiene en cuenta que el FROB cuenta con su capital en Novagalicia como una de esas claves de que no necesite más dinero público y porque el Gobierno admite que Bruselas pone "limitaciones" a todo lo que tiene que ver con movimiento de recursos en las entidades nacionalizadas.

La liquidez que aportará "la entidad adquiriente". Esa galleguidad, al menos en parte del accionariado, se moverá en función de lo que el FGD adquiera finalmente. Y del futuro que le espera a Novagalicia. El reparto de cargas "salva", según el Ministerio de Economía, a una entidad que "con la magnitud de ayudas que necesitaba" era un obvio ejemplo de "no viable". "Aquellos que lo deseen pueden vender a precio de mercado -lo que abonará el FGD- o esperar a la eventual enajenación de la entidad para obtener la liquidez de la participación de la nueva entidad adquiriente", justifica Fernando Jiménez Latorre. Eso llegará cuando haya "más apetito" en el mercado, en sus palabras, con el futuro escrito hacia "la órbita de una entidad que garantice su viabilidad en un proyecto más amplio".