La Comisión de Industria del Parlamento de Galicia reclamó ayer que se revierta la situación de desigualdad en la que se encuentra la empresa Megasa, con sede en Narón, para lo que exigió que el Gobierno central establezca un nuevo marco normativo sobre la electricidad que le permita continuar con su actividad. La empresa emplea a 190 personas de forma directa y se estima que genera 1.200 puestos de trabajo de forma indirecta.

Los partidos de la Cámara gallega quieren que se implante en España "un servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad eléctrica que garantice la igualdad de condiciones para las empresas que operan dentro de un mismo sector", como recoge el texto pactado por los cuatro grupos parlamentarios y aprobado ayer.

Para ello, los grupos pactaron -a raíz de la iniciativa presentada por AGE, que contó con el voto unánime- es la de instar a la Xunta a que "continúe realizando ante el Gobierno del Estado las gestiones necesarias y urgentes" para cambiar la legislación y evitar el cierre de la fábrica naronesa.

Precisamente, en el debate parlamentario, el diputado del PPdeG Hipólito Fariñas, reveló que desde el primer momento, la consellería de Economía e Industria con su titular a la cabeza, Francisco Conde, mantuvo contactos "al más alto nivel" para dar una solución a la empresa.

AGE, por su parte, explicó que la nueva tarifa para grandes consumidores industriales aprobada en diciembre por el Gobierno central provocó que más de 100.000 toneladas de acero corrugado de Megasa se acumulasen sin vender en la factoría. La compañía recibe una bonificación de 20 euros por megavatio al no llegar a la producción de las grandes multinacionales, que alcanzan los 35 euros, lo que deja a su principal competidora, la catalana Celsa, con una gran ventaja en los costes de producción.

Por ello, la diputada Consuelo Martínez defendió que el Gobierno gallego actúe de forma "urgente" y se "ponga las pilas" para que la empresa no se vea "abocada al cierre" en noviembre, ya que se trata de un problema "que crearon los políticos" y tiene que tener una solución "política". En esta línea, la diputada del BNG Carme Adán confió en que el "problema creado desde Madrid" tenga solución y que esta iniciativa "no llegue tarde".

El comité de empresa de Megasa ya alertó a finales de agosto de que la compañía podía cesar en su actividad en cualquier momento puesto que este año ya ha cumplido con el mínimo de consumo eléctrico que se le exige para alcanzar el objetivo de interrumpibilidad y no tener que devolver las bonificaciones obtenidas este año en la tarifa.