Al sector naval gallego le correspondería devolver en torno al 50% de los 126 millones de euros que el Ministerio de Hacienda ha calculado como tope máximo a devolver por las ayudas del viejo sistema tax lease. De este modo, y según fuentes del sector consultadas por este diario, los agentes que participaron en el sistema de financiación para construir buques en Galicia (inversores y estructuradores) podrían tener que abonar unos 65 millones de euros. No obstante, las mismas fuentes incidieron en que la cifra total todavía "puede ser más reducida", al tiempo que expresaron su temor a que la decisión de Bruselas vuelva a ser negativa. Según sus datos, el 25% de la devolución afecta a contratos firmados en País Vasco, el 15% a Asturias y el restante a Valencia o Andalucía. La Comisión de la Competencia, que dirige Joaquín Almunia, recibió ya la documentación del Gobierno español pero todavía tiene que analizarla.
"No teníamos una cifra", expuso ayer el portavoz del comisario, Antoine Colombani, preguntado por la sustancial diferencia entre los 2.000 millones en que Industria llegó a cifrar la devolución de las ayudas del tax lease y los 126 millones que ha estimado finalmente el departamento comandado por Cristóbal Montoro. "Corresponde a los Estados miembros decir cómo aplican las decisiones" de la Comisión, apostilló Colombani. Almunia, de hecho, nunca quiso ofrecer una cuantía a devolver por las ayudas que el Colegio de Comisarios, a propuesta suya, consideró incompatibles. Eso sí, ahora compete a los técnicos de Competencia el "garantizar" si la documentación remitida por Hacienda a Bruselas es "correcta" y, por lo tanto, si esos 126 millones es la cifra final a devolver.
El sector se agarra ahora a las palabras del Almunia, que exhortó en julio que la devolución de las ayudas "no iba a ser un obstáculo para que el sector tuviera un futuro brillante". "Vamos a quedarnos con eso", sostuvo ayer la consejera delegada de Pequeños y Medianos Astilleros en reconversión (Pymar), Almudena López del Pozo. En todo caso, desde la sociedad el empeño es pasar página y "trabajar" para que se puedan materializar nuevos contratos. El impass al que estuvo sometido el sector impidió la firma de 40 nuevos contratos, según Pymar. "Lo fundamental es recuperar la confianza de los inversores", añadió del Pozo. Para el portavoz de Asime, Enrique Mallón, el haber dado "una cifra concreta es bueno para dar seguridad jurídica".
Parte de la industria recela no solo de la cifra de Hacienda, sino sobre todo de que Bruselas la acepte. "Se llegó a barajar una cuantía de entre 350 y 450 millones" en el sector en las últimas semanas, con lo que la reducción ha sido bien recibida por los inversores. Ahora bien, el Gobierno español tiene ahora que especificar a cuánto asciende el pago por cada uno de los contratos y a cada inversor y estructurador.
El responsable del naval en CCOO, Ramón Sarmiento, considera que la cuantificación de las ayudas incompatibles son el "penúltimo capítulo" en el expediente del antiguo tax lease, pero que ahora falta la verificación de Bruselas. "Eso nos preocupa más porque las autoridades europeas no han sido muy diligentes". UGT ha pedido más implicación tanto de Pymar como de las autoridades españolas para relanzar el sector, y la CIG reclamó que se paralice la denuncia contra la decisión de la Comisión para poder "empezar a trabajar".
