La investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre las polémicas indemnizaciones millonarias que percibieron al prejubilarse cuatro exdirectivos de la caja gallega antes de traspasar su negocio financiero al banco parece estar más viva que nunca.
A los cinco exejecutivos imputados por el juez Ismael Moreno se unen ahora los cuatro miembros de la comisión de retribuciones de Novacaixagalicia: el concejal coruñés y expresidente de Caixa Galicia, Salvador Fernández Moreda; el que fuera copresidente de la entidad, Mauro Varela; y los consejeros procedentes de Caixanova Pilar Cibrán y Alfonso Zulueta de Haz. El juez excluye al secretario de este órgano de asistencia al consejo de administración por carecer de funciones ejecutivas y a Julio Fernández Gayoso, que formaba parte de esta comisión, pero que ya está imputado desde hace año y medio en la causa. El juez le acusa de haber servido como cooperador necesario de la modificación de los contratos de alta dirección que tenían los cuatro exdirectivos y que permitieron el cobro de indemnizaciones que suman 18,9 millones (con las pensiones por jubilación, la cantidad asciende a casi 30 millones).
Con él están imputados los perceptores de estas millonarias sumas, el exdirector general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; su adjunto, Javier García de Paredes; el exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y el que fuera codirector de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada.
Los cuatro miembros de la comisión de retribuciones están citados a declarar a finales de mes como imputados por formar parte de el órgano responsable de informar de la política retributiva de "los miembros del consejo de administración, la comisión de control y personal directivo". La decisión del juez de imputarles se produjo a petición de una de las dos fiscales que llevan la instrucción de la causa.
El que fuera vicepresidente de Caixa Galicia, Salvador Fernández Moreda, se mostró ayer "tranquilo" ante la imputación de la que fue informado el jueves, por telegrama. "Estoy sorprendido porque no me esperaba esto, pero tranquilo. Soy consciente de que no he hecho nada irregular ni contrario a derecho o a la ley", dijo en declaraciones a Radio Coruña. El también concejal -al que el pleno coruñés demandó su dimisión y la devolución de las dietas cobradas por su asistencia a los consejos- confió en que todo "se vaya aclarando". "Soy consciente de que tendré que pasar un calvario mediático", añadió.
La instrucción del caso dura ya un año y cinco meses, desde que en junio de 2012 la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los exejecutivos, a los que se exige la devolución de 7,87 millones de euros.
