Pese a que la primera piedra para la implantación de los estudios de eficiencia energética en las viviendas se remonta a una directiva europea de 2002, este tipo de certificaciones que miden el consumo de hogares y radiografían su sostenibilidad, son grandes desconocidas. Las modificaciones de sus propias normas impulsadas desde las autoridades comunitarias en 2010 no ayudaron demasiado en el proceso de adaptación. España tuvo que retocar la legislación que transpone los criterios de Bruselas. Y ahora, con las competencias compartidas en el sector, le toca a Galicia sacar un decreto -ya preparado- que convierte en obligatorio el estudio para todos los inmuebles. Tanto los nuevos, como los antiguos, en caso de venta o alquiler, para uso residencial o comercial. Quien no cumpla la norma se arriesga a acabar con una multa que va de los 300 a los 6.000 euros.

"La calificación de eficiencia energética de un edificio permite al usuario conocer, de forma sencilla y objetiva, el comportamiento energético de un edificio. La calidad energética del edificio pasa así a ser un parámetro más a tener en cuenta en la decisión de comprar, o alquilar, potenciándose una mayor demanda de los inmuebles energéticamente eficientes y fomentando las inversiones en ahorro de energía", argumenta el borrador de decreto elaborado por la Consellería de Economía e Industria.

La aprobación es el trámite que falta para consolidar el certificado como una exigencia más en cualquier transacción con un inmueble. Durante el pasado año, sin tregua en el pinchazo del ladrillo aún, en Galicia se vendieron 14.534 viviendas, un 11,6% menos que en 2011, y la mitad que las 28.800 que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se comercializaron en 2007.

Las últimas cifras públicas sobre los arrendamientos en Galicia son de 2011, con 21.843 contratos firmados más que el año anterior y con una tendencia constante al alza por las dificultades para acceder a una hipoteca. El futuro decreto subraya la "referencia expresa a la obligatoriedad de poner a disposición de los compradores o usuarios" el documento, "con información objetiva" y "valores de referencia".

Su precio depende, y mucho, de la guerra de ofertas desatada por la aparición de la normativa estatal el pasado mes de junio. Desde 50 euros, incluso algo menos, a los 200, según figura en las tarifas que un sinfín de consultores muestran en sus web.

La elaboración del estudio, que hay que renovar, al menos, cada diez años, no es suficiente para estar al día con la normativa. Los titulares de los pisos deben inscribirlo en el Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios del Inega con un coste de 5 euros de base, a los que hay que añadir ocho céntimos por cada metro cuadrado en un piso, cuatro céntimos si es un edificio y cinco euros para inmuebles que no tengan uso residencial. A partir de la entrada en vigor del decreto, las certificaciones anotadas serán públicas para que los interesados en esos inmuebles puedan consultarlas. Además, la Consellería exigiría un control técnico, a modo de auditoría, en los edificios de nueva construcción con más de 2.500 metros cuadrados de superficie útil habitable. Para el resto, cada año habrá también un examen sobre el 1% elegido al alzar entre las certificaciones entregadas.

Falsear la información, emplear técnicos no cualificados y publicitar una venta o un alquiler sin una certificación oficial serán consideradas infracciones muy graves. Las sanciones oscilan entre 1.001 y 6.000 euros. Para las graves, como el incumplimiento de la metodología para calcular consumos, o que el informe no esté inscrito o que no se entregue al comprador o arrendatario, la multa va de 601 a 1.000 euros. Las leves, de 300 a 600 euros, se reservan para los anuncios de inmuebles que no hagan mención al certificado, que no se renueve o aquellos que no cuenten con los datos mínimos.