Por mucho que el ministro Luis de Guindos presente la mejoría en la percepción sobre la economía española como la verdadera clave de que la subasta de Novagalicia alcance su objetivo de minimizar el impacto para el contribuyente, prácticamente todas las partes implicadas en el proceso dejan ese papel protagonista para los activos fiscales diferidos, los conocidos como DTA por sus siglas en inglés. O, lo que es lo mismo, el ahorro futuro que las entidades pueden descontar del impuesto de Sociedades por las pérdidas acumuladas en los últimos años.

La reforma normativa impulsada por Economía para contabilizar como capital de calidad unos 30.000 millones de los 50.000 que en total suma la banca española deja fuera en las tres nacionalizadas un enorme volumen de DTA, vinculados a las pérdidas provocadas por la segregación de activos inmobiliarios a la Sareb.

En la recta final de su privatización, NCG solo puede poner sobre la mesa algo más de la mitad de los 4.499 millones que tiene en activos diferidos. Pero el sector espera que Economía retoque el decreto recién aprobado, lo que permitiría a la banca española competir con mejores condiciones. El Ministerio sin embargo no comenta esa posibilidad. La normativa, comentan, "está como está".

"En este momento NCG, CatalunyaBanc y Bankia no pueden computar las pérdidas incurridas en el traspaso de la carga inmobiliaria al banco malo", confirman varias fuentes conocedoras del efecto de la reforma normativa aprobada en el consejo de ministros de hace dos semanas. Un ejercicio, la limpieza con la Sareb, formalizado al cierre de 2012, al mismo tiempo que las dotaciones para cubrir esos activos. En lugar de apuntarlo como activos fiscales, los tres bancos con tutela estatal lo tienen reconocido como bases imponibles negativas, que quedan fuera de los supuestos permitidos para conservarlos como recursos propios de calidad.

Ahí está la causa de que las nacionalizadas se queden, "de momento", con las manos atadas, frente al resto de entidades que también soltaron sus viviendas y créditos a la Sareb y recibieron ayudas públicas. En su caso, las provisiones se realizaron el pasado año, mientras que el traspaso de los activos inmobiliarios se ejecutó en el primer trimestre de 2013. El decreto de los DTA les permite compensar los números rojos.

"Dos realidades ante un mismo hecho separadas por pocos meses. No tiene sentido", critican en el sector, donde en las últimas horas se habla de una reforma en la regulación de los créditos fiscales. El periódico ABC apuntaba en su edición de ayer que el Ministerio de Economía prevé ese retoque para acabar con la diferencia entre las tres nacionalizadas y el resto de bancos beneficiados por el rescate, lo que además supone un evidente guiño a lo más próximo en el calendario: La subasta de Novagalicia, que el FROB solo estaba dispuesto a abrir si contaba con la seguridad plena de que la operación se completaría y no habría que dar marcha atrás como ocurrió con el primer intento para privatizar CatalunyaBanc.

El FROB ha ordenado a las nacionalizadas que cuantifiquen los efectos de la normativa de los DTA en sus cuentas para transmitirlo a los interesados en la adquisición de Novagalicia y, a partir de ahí, fijar la oferta definitiva para quedársela. Hasta ahora, los bancos presentes en la subasta podrían acariciar los activos diferidos del grupo gallego en su totalidad, esos casi 4.500 millones de euros. Los fondos extranjeros, dada su menor previsión de beneficios al no integrar la actividad de NCG en otro balance de mayores dimensiones, optaban a utilizar alrededor de 2.000 millones. Las nuevas condiciones para contabilizar los DTA se llevarían por delante, según apuntan varias fuentes, alrededor de 2.000 millones, sin que ni unos ni otros tengan claro a seis días de cerrarse el plazo de las ofertas a cuánto ascienden.