Que no son molinos, que son gigantes. José Manuel Soria parece decidido a desafiar al oligopolio de las eléctricas (y éstas a resistir con todas sus fuerzas). Tiene el encargo de embridar una situación heredada en la que todos ganan menos los consumidores; un ejemplo palmario de cómo de mal se pueden hace las cosas mientras nadie dice nada.

El ministro canario que cumplirá 56 años el día de Reyes tal vez haya pedido a los Magos el regalo de un apoyo más firme para acometer su misión. Dicen de él que tiene arrojo y capacidad para resolver situaciones extremas y sacar pactos donde no parecen posibles. Falta le hará para deshacer un enredo que viene de lejos y que no es culpa suya, aunque los suyos, los del PP, sean tan responsables como los otros, los del PSOE, y aunque en lo que lleva de mandato el gobierno actual haya sembrado el desconcierto. El eléctrico es uno de esos pantanales en los que nadie entra hasta que no hay más remedio, y le toca al que le toca.

En un principio fue el oligopolio. Franco no nacionalizó la energía, a pesar de su valor estratégico, sino que la dejó en manos amigas. El eléctrico es un sector proclive a un tipo determinado de oligopolio: el de los monopolios territoriales. No se concibe que compañías competidoras extiendan redes paralelas de suministro. Y si al principio de la electrificación cada ciudad tenía su pequeña central, no tardó en activarse la tendencia a la concentración, exigida por la necesidad de inversiones crecientes. Así se ha llegado a la situación presente.

En este cuadro, como en otros servicios esenciales en parecida situación, el estado se reservó el derecho a fijar las tarifas para evitar que las compañías abusaran de su posición de dominio. Pero en 1997, el primer gobierno Aznar emprendió la llamada liberalización del sector, que debía llevar a que el mercado determinara los precios.

Para ello se estableció un mecanismo de subasta donde productores y distribuidores, con sus ofertas y demandas, fijaban día a día el precio del suministro para el día siguiente. Sin embargo, las tarifas a pagar por el consumidor continuaban intervenidas por el Gobierno, hasta que en 2009, siguiendo directrices europeas, se liberalizó también este aspecto, y para no marear al usuario doméstico se creó la Tarifa de Último Recurso, la TUR, para cuyo cálculo se celebra una subasta trimestral.

Ahora bien: las subastas funcionan de manera que el precio que se paga por toda la energía producida es el mismo, con independencia de su origen, aunque los costos sean muy distintos. Y se paga el de la más cara. Las centrales nucleares, por ejemplo, están amortizadas, como las hidroeléctricas, y podrían ofrecer su electricidad a un precio muy bajo. Ocurre lo contrario con las que queman carbón, y aún más a las que dependen del mercado de los hidrocarburos. Así, el alza del precio del petróleo repercute en lo que se paga por kilowatio a las nucleares, con lo que el beneficio de estas se dispara.

Por si eso fuera poco, los gobiernos de Zapatero apostaron por las energías renovables, pero de una manera que suponía atarse una gran piedra al cuello. La garantía pública de rentabilidad de la inversión sembró cerros y campos de generadores de energías eólica y solar, a cargo de algunas de las grandes constructoras y eléctricas, en un caso palmario de capitalismo de Boletín Oficial del Estado. El recorte de las ayudas por insostenibles en tiempos de déficit ha dado lugar a enérgicas protestas.

La situación era potencialmente explosiva, pero se mantuvo controlada porque el gobierno continuó fijando las tarifas, y lo hizo por debajo de lo que las compañías calculaban que deberían percibir. Se ha dicho que el déficit es más teórico que real, porque el precio calculado está por encima del verdadero coste, pero en cualquier caso, el estado, al fijar los precios, adquiere el compromiso de resarcir al sector por la diferencia. Cuando Aznar entregó el Gobierno a Zapatero, el déficit era de 1.500 millones. A los cuatro años había ascendido a 13.000 millones,. Y el que recibió Rajoy llegaba a los 25.000 millones. La costosa apuesta por las energías renovables y el alza del precio del petróleo, sumados a la distorsión del mecanismo de subasta, explican el ascenso de los costes teóricos, que el Gobierno no repercutía en la tarifa.

Miguel Sebastián se quejó de que Zapatero no le dejaba meter mano, pero lo dijo luego, a toro más que pasado. En cualquier caso, esta es la herencia envenenada que recibe Soria. Y que estalla cuando el ministro Montoro, que da prioridad a cuadrar los presupuestos generales, se niega a meter en ellos el déficit de tarifa y dice que se lo coman las eléctricas, o que lo conviertan en deuda y lo lleven al mercado de capitales. La reacción es una subasta trimestral de la TUR de la que se hubiera derivado un aumento de más del 11% para las familias y las pymes.

Soria saltó diciendo, casi literalmente, que la subasta se había amañado y que por ahí no pasaba. Ha parado el golpe, pero ahora tiene de dar una solución antes de tres meses. Y debe ser una solución lo bastante elaborada para resolver los problemas de fondo, que son varios e importantes: el mecanismo de subasta, el sobreprecio del carbón español por razones políticas, el coste de la moratoria nuclear, la burbuja de las renovables, las dificultades para comerciar con los vecinos? Cada uno de estos factores encarece el precio más allá del coste real de producción.

El hombre que debe bregar contra los gigantes disfrazados de aerogeneradores es un economista y técnico comercial del Estado que trabajó en el ministerio de Carlos Solchaga en los años ochenta, que dio clases y que hace dos décadas volvió a Canarias para empezar una carrera política que le llevó primero a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y luego a la vicepresidencia de la comunidad autónoma, bajo presidencia de Coalición Canaria, tras haberse convertido en el hombre fuerte del PP en el archipiélago.

Apoyó activamente a Aznar y luego se hizo amigo de Rajoy durante sus vacaciones insulares. Al llegar al Gobierno, el gallego le llamó para Industria y Energía. Entre sus encargos prioritarios, deshacer el enredo eléctrico. Se presume que tiene todo el apoyo del presidente, y le va a hacer falta, porque su objetivo implica pelearse con las eléctricas (y de las grandes constructoras que han metido dinero en el sector). Dice en privado que antes el lobby eléctrico mandaba en el BOE pero que con Rajoy ya no es así. Sus gestos serán creíbles si deshace el nudo gordiano. Aunque Aznar sea asesor de Endesa y Felipe González, consejero de Gas Natural Fenosa.