Con el punto y final a la instrucción del caso de las prejubilaciones millonarias de los antiguos directivos de Novacaixagalicia, el juez Ismael Moreno mantiene los "indicios" de un posible delito de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa, por parte de los seis imputados, incluido el abogado Ricardo Pradas, el experto contratado en materia de contratos. El magistrado de la Audiencia Nacional emitió ayer un auto que abre el camino al juicio, bajo la hipótesis de que José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes "prepararon su previsible y futura salida de la entidad" con "la necesaria colaboración" de Julio Fernández Gayoso y el asesor externo desde el momento justo del pacto para la fusión. Y a eso se agarra la argumentación, con la incorporación de "mejoras" en las condiciones laborales y "abuso de confianza y engaño" hacia el consejo.

El relato de Moreno se va hasta "mediados del año 2010" para situar el nacimiento de ese supuesto plan preconcebido "de mutuo acuerdo" entre los antiguos directivos, "con motivo del acuerdo de fusión" de las dos cajas -Caixa Galicia y Caixanova- y la petición de los 1.162 millones de euros de la primera inyección de fondos públicos.

Por primera vez, en el proceso se reconoce que los contratos de Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada son antiguos. Aunque el auto refleja las últimas fechas de actualización y no las de su incorporación a Caixanova.

Moreno reitera que el 20 de octubre de 2010, a las puertas del nacimiento de Novacaixagalicia, se firmaron "los nuevos" con "mejoras en las retribuciones a percibir y en los conceptos pensionables para el supuesto, entre otros, del desestimiento unilateral de su relación laboral".

La narración del magistrado salta luego al 15 de agosto de 2011, cuando se reúne el consejo de la caja fusionada. "En ejecución del plan previamente concebido para preparar su salida de la entidad crediticia y con pleno conocimiento de sus próxima bancarización", repite, comparece Pradas, "quien de manera abstracta, sin identificar a qué personas podía afectar ni tampoco las provisiones necesarias" plantea "el eventual desistimiento" por el cambio de naturaleza jurídica. Al abogado le achaca que negara cláusulas de blindaje, "lo cual era manifiestamente incierto" y concluye que el consejo avala "dotar una provisión cuya cuantía no se concreta" por "la creencia" de que "estos directivos" -teóricamente, según el propio magistrado, no estaban identificados- cobrarían por los mismos conceptos que los prejubilados.

En septiembre de 2011, continúa la comunicación, Gayoso aprobó y liquidó a Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada "con plena ignorancia del consejo". Castellano lo hizo con García de Paredes, "en la creencia de que la misma se ajustaba a la realidad". Él defendió que así se lo habían dicho en Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica.

Como "indemnización" el auto apunta que Pego recibió 7,731 millones, de los que Anticorrupción pide la devolución de 1,443 millones; García de Paredes, 5,659 millones, con 5,266 millones para reintegrar; 913.600 euros de los 4,833 millones de Gregorio Gorriarán; y 260.900 de los 691.000 euros de Rodríguez Estrada. "Dichas liquidaciones, los conceptos en ellas incluidos y los importes concretos a abonar no fueron conocidos ni aprobados por el Consejo de Administración ni tampoco por el Banco de España hasta después de su pago", sostiene.

A la espera de que la Fiscalía redacte el escrito de acusación, las defensas disponen de diez días a contar desde el pasado miércoles para recurrir el auto del juez Moreno. Y con toda seguridad lo harán. Los abogados de los imputados, según ha podido saber este diario, cuestionan que no se hayan tenido en cuenta "aspectos muy relevantes", como las declaraciones de los miembros del comité de retribuciones, "expertos en derecho y economía, que sabían lo que se aprobaba, a los cuales no cabía engañar". De hecho, todos aseguraron conocer los contratos, que el Banco de España también lo sabía -como sus representantes admitieron ante el juez- e incluso alguno de ellos lo dijo de la Xunta. El primer consejo de Novacaixagalicia ratificó los contratos por 21 votos a favor y uno en contra.