Los hogares y pequeños negocios acogidos a la tarifa regulada de la luz -ahora técnicamente denominada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor- tendrán derecho a la devolución de parte del dinero pagado por los consumos correspondientes al primer trimestre del año, salvo que en la segunda mitad del mes de marzo se produzcan circunstancias extraordinarias que modifiquen radicalmente los precios del mercado eléctrico. La cuantía de la devolución y el momento en que se realizará están en el aire, aunque se sabe que el reintegro se hará con un descuento en recibos futuros.

El Gobierno decidió en diciembre fijar por su cuenta el precio que los consumidores pagarían en el primer trimestre por la energía consumida, capítulo que supone en torno al 38% del recibo eléctrico. El resto son costes regulados (transporte, distribución, subvenciones...) e impuestos. El Ejecutivo tomó esa determinación tras anular los resultados de la subasta trimestral que desde 2009 venía fijando lo que paga el usuario por sus consumos. Ocurrió de ese modo después de que la puja se saldará con un espectacular encarecimiento que avivó las sospechas de manipulación.

La polémica subasta arrojó un precio de 61,84 euros por megavatio/hora, que de aplicarse hubiera encarecido un 11% la luz. El Ministerio de Industria optó por anular ese resultado y por fijar la tarifa siguiendo un sistema provisional sugerido por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y que tuvo en cuenta las cotizaciones de los contratos de energía en los mercados de futuros. Ese precio fue de 48,48 euros por megavatio y el recibo subió el 2,3%.

El mecanismo provisional establecía que las compañías eléctricas o en su caso los clientes serían resarcidos si el precio real del mercado mayorista de la luz entre enero y marzo era al final superior o inferior al decidido por el Gobierno. Y la balanza está por ahora claramente inclinada en favor de los consumidores. Las cotizaciones medias de los meses de enero (32,62 euros por megavatio), febrero (17,35 euros) y lo que va de marzo (21,22 euros) son muy inferiores al que se está facturando a las familias. El promedio en este tiempo ronda los 24 euros, la mitad de lo decidido a finales de diciembre por la Administración.

La cuantía exacta del exceso que están pagando los usuarios depende de un complejo cálculo que tendrá en cuenta los precios y la cantidad de electricidad contratada cada hora en el mercado mayorista. Tampoco está claro aún en qué momento se descontará del recibo el dinero que cada familia haya pagado de más. Según una resolución del 27 de diciembre, el descuento debería hacerse cuando se actualice la tarifa, algo que sobre el papel habría de ocurrir el día 1 de abril. Pero el Ministerio de Industria ha retrasado, por su complejidad, el estreno del nuevo sistema para fijar la tarifa, que en un plazo sin definir quedará vinculada a cómo evolucione cada hora y cada día el mercado mayorista, donde las compañías generadoras y comercializadoras casan oferta y demanda de electricidad.

Junto a ese aplazamiento, el Gobierno ha decidido mantener durante dos meses más (abril y mayo) el precio de 48,48 euros por megavatio que decidió en diciembre para el primer trimestre. Este cambio obligará a refacturar no sólo tres meses, sino cinco. El período enero-marzo ha sido en principio favorable para el consumidor. Lo que puede ocurrir en abril y mayo es una incógnita, aunque por lo común las cotizaciones del mercado eléctrico, también llamado pool en la jerga del sector, suelen tener una evolución contenida en primavera, época a menudo con elevadas producciones hidroeléctricas y eólicas. Cuanto mayor sea la aportación de estas tecnologías a la cobertura de la demanda, más bajos serán los precios. El pasado año los resultados del pool fueron en abril y mayo inferiores a los del primer trimestre.

Los resultados efectivos del mercado delatan además que la controvertida subasta de diciembre marcó un precio desorbitado e injustificado. De haber sido aceptado, los consumidores estarían pagando casi el triple del coste real de la energía y en ese caso sin derecho a devolución. El balance de la puja coincidieron con una escalada en el mercado mayorista que la CNMC está investigando. Su presidente, José María Marín Quemada, anunció ayer que "en días o semanas" el organismo reguladora concluirá sus indagaciones. Según informó Europa Press, Marín Quemada ve "muy bien dejar atrás" las subastas eléctricas, aunque también presagia dificultades para poner en marcha el nuevo y complejo sistema que hará que el precio de la luz varíe cada hora para millones de consumidores.