El Ministerio de Hacienda confirmó ayer que prepara un real decreto de modificación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, que tendrá como consecuencia una reducción de los delegados sindicales destinados a estas tareas en el seno de la Administración General del Estado (AGE). El Ejecutivo aclara que esta iniciativa fue pactada con los sindicatos el 29 de octubre de 2012, con lo que ahora sólo se aplicará dicho acuerdo, que es "perfectamente legal".
Según indicaron fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro, la Administración y las centrales sindicales firmaron aquel acuerdo ante la necesidad de adaptar la normativa relativa a la prevención de riesgos laborales a la realidad de la AGE y de llevar a cabo una "racionalización de los comités de seguridad y salud" en este ámbito. Hacienda explica que el cómputo por separado de funcionarios y laborales "estaba prácticamente duplicando el número de delegados de prevención en comparación con las empresas privadas".
Y aunque el Gobierno no concretó de cuánto será el recorte, el sindicato de funcionarios CSI-F denunció ayer que la reforma conllevará la reducción en un 80% el número de delegados de prevención de riesgos laborales. "Esto imposibilitará la correcta supervisión de los puestos de trabajo en lo que concierne a la detección de situaciones de riesgo, acoso, seguridad en los accesos o situaciones de emergencia", denuncia el sindicato.
