El Ministerio de Hacienda está analizando "diversas alternativas" para elevar la recaudación de tributos y entre ellas figura una subida de impuestos que afectaría a los propietarios de vivienda, según sugiere el Gobierno en el llamado Plan de Estabilización 2014-2017, recién aprobado por el Consejo de Ministros. Los planes del departamento de Cristóbal Montoro se acercan a una de las propuestas de la comisión de expertos para la reforma tributaria: gravar más el patrimonio inmobiliario.

Montoro afirmó el miércoles que el Gobierno no piensa subir ningún tributo, salvo que lo imponga la normativa de la UE, en referencia a posibles cambios en los impuestos medioambientales y otros especiales. Pero la letra pequeña de los documentos que el Ejecutivo defenderá ante Bruselas da a entender que la futura reforma fiscal compaginará las rebajas anunciadas en el IRPF (para las rentas bajas y medias) y en el gravamen de Sociedades con incrementos en impuestos que afectan a la vivienda. El documento señala que, para evitar pérdidas de recaudación, "el Gobierno estudiará diversas alternativas, como la imposición sobre la propiedad, la imposición medioambiental con el menor impacto posible en la competitividad, mecanismos de pago por uso de servicios, el incremento de los impuestos por uso frente a los que gravan la transmisión de la propiedad o la imposición sobre el sector financiero en el marco armonizado de la UE".

El aumento de "la imposición sobre la propiedad" y el "incremento de los impuestos por uso frente a los que gravan la transmisión de la propiedad" remiten a la sugerencia del comité Lagares de reformar la fiscalidad que grava la vivienda en las direcciones que se explican en los siguientes puntos:

EIRPF. La comisión propuso que quienes tengan piso en propiedad tributen por las técnicamente llamadas "rentas imputadas a la vivienda habitual". En otras palabras, el "rendimiento en especie" que supone el disfrute de la vivienda. Esta tributación se aplica ya a las segundas residencias y existió para las principales hasta 1998. El pasado marzo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el Gobierno de Mariano Rajoy no asumiría esa propuesta. El documento remitido a Bruselas alude ahora a un incremento de "los impuestos por uso" de la propiedad.

EIBI. Esa tributación a través del IRPF sería transitoria, hasta desarrollar una reforma del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) que, de seguir la recomendación de los expertos, elevaría los valores catastrales, la base a la que se aplica el tipo impositivo para determinar la factura de cada contribuyente. El tipo fiscal varía ahora según cada ayuntamiento, competente para fijarlo dentro de ciertos límites. La comisión plantea que el IBI pase a ser gestionado por el Estado y que el gravamen sea "algo inferior" al 1%. El Gobierno central ya incrementó el IBI en 2012 con un recargo que iba a ser temporal pero que ha decidido mantener.

Transmisiones. Los expertos son partidarios, en sintonía con lo que recoge ahora el documento del Gobierno, de moderar la tributación por la compraventa de vivienda usada, gravada por el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en Galicia asciende al 10% del precio.

El texto del Ejecutivo cita también la posibilidad de "mecanismos de pago por uso de servicios". La comisión de expertos había propuesto nuevos copagos en servicios públicos de las comunidades y tasas por el uso de algunas infraestructuras.