El trámite de la autorización administrativa en un parque eólico suponía hasta ahora un enorme esfuerzo económico para los promotores. Todo un obstáculo por el giro de 180 grados que se avecina con el fin de las primas a la producción. De hecho, muchos de los ganadores del concurso se resistían a recibir el permiso para las nuevas instalaciones por las incógnitas sobre su construcción y rentabilidad futura, frente al desembolso exigido por el abono del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los avales. La Xunta decidió entonces una bonificación del 92% -lo que implica bajar el tipo del ITP del 4% al 0,3%, aunque el Tribunal Económico Administrativo ya sentenció su nulidad- y el retraso en el pago de los avales, formalizado ayer con la aprobación ayer en el Parlamento de la modificación legal correspondiente. Son 23.500 euros menos por cada parque, que no se entregarán hasta el comienzo de las obras, con la posibilidad de que las 29 empresas que ya los depositaron -y no iniciaron los trabajos- puedan reclamar las cantidades.

El objetivo, según el conselleiro de Economía, pasa por "eliminar las cargas financieras" y así "facilitar el desarrollo del sector en Galicia". "Este texto legal tiene una gran relevancia en el panorama energético gallego y responde al consenso y a las propias solicitudes del sector -aseguró Francisco Conde-. Las que el sector quiere y necesita para generar empleo y riqueza". El conselleiro defiende que el Gobierno autonómico "renueva su apuesta" por el sector, al que brinda "apoyo, confianza y seguridad". Al que considera "más rentable" que en otras partes de España. "No compartimos todas las medidas -sostiene Conde en referencia a la reforma energética del Ministerio de Industria- y actuamos en consecuencia con recursos de inconstitucionalidad y alegaciones a normas".

El PP gallego se quedó solo en la votación. "Están ahogados en su propia propaganda", reprochó Abel Losada, portavoz de Economía del PSdeG. Su abstención responde a la negativa de ser "cómplice de la dimensión teatral" de los cambios "en apariencia" para "que en realidad nada cambie". "De transcendencia limitada", afirma, "para maquillar la parálisis del concurso". El resto de grupos votaron en contra. AGE advierte de que las empresas que quedaron fuera podrían recurrir a la justicia". "Es inaceptable -criticó Antón Sánchez-. Ustedes hacen un coto cerrado para los amigos y dejan a los ciudadanos fuera". El BNG considera "escandalosa" la reforma legal porque buscar "mejorar la cuenta de resultados de las empresas y no el sector". "Lo único que supone -añadió Carme Adán- es la constatación de un fracaso".

Desde el PP insistían en la rentabilidad del viento en Galicia, con una producción un 38% más elevada. "Lo que nos interesa es que se vaya a una economía energética cada vez más competitiva", apuntó Pedro Arias.