La sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) determinará en las próximas semanas si el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Cerámicas O Castro y Cerámicas de Sargadelos negociaron conjuntamente con los sindicatos es legal o si como defienden las centrales UGT, CCOO y CIG, incurrió en diversos defectos de forma que invalidan el despido colectivo de 70 trabajadoras (41 en Cervo y 29 en O Castro, Sada).
Empresa y sindicatos dedicaron buena parte de las más de dos horas que duró ayer el juicio por el ERE a discutir si Sargadelos es o no un grupo empresarial laboral, el principal argumento sindical, que entiende que la negociación, como en todos los ERE aplicados en las empresas, debería haberse negociado y aplicado por separado. Las centrales alegan además que la empresa no mostró buena fe negocial al no ofrecer toda la información que le requirieron las centrales y que negoció un despido colectivo durante la aplicación de un ERE temporal, que finalizaba el 31 de diciembre.
El responsable de Recursos Humanos de la firma, Javier Remeseiro, alegó que Cerámicas O Castro y Cerámicas de Sargadelos funcionan "como una sola fábrica" y no solo comparten accionistas, la dirección de determinados departamentos y gastos, sino también su participación en las galerías que venden sus productos y otras participadas o filiales, aún a pesar de que ambas factorías presentaron sus cuentas por separado y nunca de forma consolidada. Sargadelos dio así la vuelta a la argumentación con la que en 2010 se defendió de un recurso de alzada de la CIG contra un ERE anterior en Cervo.
En 2010, antes de que la reforma laboral le retirase estas competencias, la Consellería de Traballo autorizó un ERE presentado y negociado en Cervo e invalidó otro similar en Cerámicas O Castro. La CIG alegó entonces la existencia de un grupo para defender que el de Cervo tampoco debiera ser autorizado, pero no solo se encontró con la oposición de la empresa. Tanto un informe de la Inspección de Trabajo como otro del director xeral de Traballo certificaron que Sargadelos no cumplía los requisitos para ser considerado grupo empresarial laboral, según consta en la documentación aportada por los sindicatos a la causa y de la que Javier Remeseiro dijo ayer no tener constancia. Los sindicatos aprovecharon la tesis de la empresa para contraatacar y preguntar por qué si Sargadelos es un grupo no considera en sus cuentas la actividad o patrimonio de filiales como las galerías de Sargadelos (propiedad de las factorías) o el Instituto Galego de Información (IGI); por qué no están en concurso como las fábricas o por qué sus trabajadores no fueron invitados a participar en la negociación del ERE.
"El grupo Sargadelos lo forman las dos fábricas de las que dependen todas esas empresas", dijo Remeseiro. En su defensa, la dirección alegó que las dos factorías -separadas por 153 kilómetros- tienen personal compartido, lo que los sindicatos combatieron con acusaciones de "cesión ilegal de trabajadores" y la existencia de un "grupo empresarial patógeno, ilegal". El abogado de la CIG mencionó incluso la sentencia del ERE de Coca-Cola para advertir que para ser considerado un grupo, debe haber una sentencia judicial que lo reconozca, y calificó a Sargadelos como "grupo empresarial de conveniencia, en función de sus intereses". El representante de UGT recordó que los recortes habían reducido los costes de personal en dos millones en dos años y consideró que debió acompañarse de otras medidas.
Remeseiro, a preguntas de su abogada, contraatacó a las centrales, a las que acusó de no haber ofrecido alternativas al ERE durante la negociación y de no haber mostrado buena fe al no querer constituir la mesa negociadora conjunta. "No quisieron entrar a debatir las causas económicas, solo exigían prejubilaciones y mantener el empleo", dijo.
El directivo relató sin embargo que en diciembre de 2012 los sindicatos pactaron una bajada del salario del 23% que meses después renegociaron "en un solo día" y cambiarlo por un ERE temporal porque la situación económica empeoró.
La abogada de Sargadelos defendió durante sus conclusiones que en 2013 los costes de personal consumían un 77% de la facturación de la firma y que tras acumular unas pérdidas de dos millones por año desde 2010, en agosto del año pasado, la empresa se dio cuenta de que los problemas eran estructurales y las pérdidas, acuciantes, por lo que encargó un nuevo plan de viabilidad y diseñó el ajuste de personal definitivo. A finales del año pasado, O Castro perdía 1,2 millones y Sargadelos 1,9 y ambas acumulaban 11 trimestres de descenso de ventas, con lo que la empresa solo disponía de 194.000 euros de tesorería.
La administración concursal de la empresa certificó ayer que la situación económica de Sargadelos es "muy difícil pero no liquidativa".
