El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se enfrenta a al menos cuatro juicios, acusado de haber supuestamente ocultado la verdadera situación patrimonial de Novagalicia a la veintena de empresarios gallegos que en enero de 2012 invirtieron casi 70 millones en NCG para hacerse con el 2,59% del capital del banco. La mayor parte de las vistas se celebrarán entre el 11 y 21 de noviembre, aunque todavía está pendiente de fijarse la fecha del más importante en cuantía -promovido por Hierros Añón, que reclama 25 millones-, suspendido el pasado día 10 porque parte de los informes requeridos a los organismos reguladores bancarios no llegaron a tiempo al juzgado.
Uno de los argumentos que el FROB emplea para combatir las demandas de las empresas es que la información sobre la situación económica de la entidad facilitada a los inversores durante las conversaciones previas a su entrada en el capital estaba "obsoleta", dado que era anterior a la valoración de NCG 181 millones. La abogada del Estado, que ejerce la defensa del fondo, dejó claro además que el FROB no fue el encargado de captar inversores durante las dos vistas preliminares celebradas ayer en el juzgado de Primera Instancia número 1. Con esta estrategia, la abogada del Estado carga la responsabilidad del posible engaño sobre los entonces directivos de NCG.
La titular del juzgado de Primera Instancia número 1, que ayer marcó las fechas de los juicios promovidos por Gadisa e Inveravante, entre otras empresas, aceptó todas las pruebas requeridas por las partes. La representación de las empresas exigió un elevado número de informes oficiales -como el de la valoración de NCG, de septiembre de 2011- comunicaciones cruzadas entre organismos reguladores, otras entre el banco y estos organismos, auditoras y hasta con inversores institucionales, mientras que tanto el FROB como la representación de la ahora Abanca reclamaron la declaración de los auditores de NCG y de los empresarios denunciantes, además de la de los peritos aportados por las partes.
La tesis del FROB expuesta en las vistas preliminares celebradas hasta ahora es que el fondo vendió las acciones de NCG a los empresarios por el mismo dinero que había pagado el 10 de octubre, cuando se hizo con el control de la entidad (el 92% de las acciones) e inyectó 2.465 millones en su capital.
Otro de los argumentos del FROB es que antes de recibir esta ayuda, la entidad financiera acababa de ser valorada en 181 millones de euros por Ernst&Young, Rothschild y Société Generale, lo que dejaba claro que su situación contable era comprometida. Abanca (antes NCG) duda además de que por su perfil de inversores, los empresarios desconociesen la situación de la entidad.
Los inversores alegan por su parte que cuando fueron invitados a invertir en el banco se les explicó que la valoración no reflejaba el patrimonio real de la entidad y que tras la entrada del FROB en su capital era una entidad "saneada, viable y solvente", como ayer se encargó de destacar el abogado que los representa, Daniel Jiménez, del bufete madrileño SLJ.
La información que según el letrado se facilitó a los empresarios contrasta con el ajuste contable que el consejo de NCG Banco ejecutó a finales de 2011, a través de una modificación del asiento de la fusión entre las dos cajas. El banco, celebrado diciembre de 2011, decidió hacer uso de la facultad legal de revisar la contabilidad de una fusión dentro de su primer año de vida para revisar la valoración de activos de del ejercicio 2010.
Un ajuste contable ocultado
Novagalicia realizó entonces un saneamiento de 2.050 millones de euros. De ellos, 1.598 millones se fueron a cubrir la depreciación de activos "sobre los que a lo largo del ejercicio 2011 se tuvo evidencia de niveles de deterioro superiores a los identificados a cierre de 2010", recogía la memoria de NCG de 2011. Otros 452 millones fueron dotaciones, que se cargaron sobre los resultados. Ese ajuste recortó las reservas de la entidad en 1.127 millones y su morosidad se elevó al 11,04%.
Los inversores gallegos sostienen que estos ajustes y la compleja situación económica de Novagalicia se conocieron públicamente después de que en enero de 2012 formalizasen la compra de acciones. Poco después se aprobó además el primero de los decretos Guidos que obligó a incrementar las provisiones sobre activos inmobiliarios y aflorar las verdaderas pérdidas del ladrillo en la banca, que llevaron luego a pedir el rescate europeo. La tesis de los empresarios es que el FROB y el banco ocultaron la necesidad de realizar aquel ajuste contable pese a estar previsto y también la inminente promulgación del decreto que convertiría a NCG en una entidad en quiebra, con lo que se les ocultó el verdadero valor de las acciones, por engaño o error. Casi un año después, fueron desalojados del capital de NCG con la llegada del rescate europeo (5.425 millones) a través de una operación acordeón (reducir el capital a cero para ampliarlo por el importe de la ayuda) que volatilizó su dinero.
A falta de conocerse la fecha del juicio de Hierros Añón, el primero de ellos se celebrará el 11 y 12 de noviembre -y no el 10 y 11 como ayer publicó este diario por error- y enfrentará al FROB contra Hijos de Rivera, Copasa, Inversiones Subel, (de Luis Somoza, expresidente de Azkar); Inversiones Gallegas del Cable, Concable Inversiones, Río Breiro (Jealsa) y Coren. El 13 y 14 de noviembre se producirá el juicio de la demanda de Gadisa y el 20 y 21, la que promovieron Inveravante, Metalships, Renebé 2003 , Santiago Rey Fernández-Latorre y José Luis Mariño. Un juzgado de Madrid asumió la cuarta demanda por este caso, aunque aún no ha fijado fecha para el juicio.
