Tres de cada cuatro empresas en concurso de acreedores en 2013 no podían atender la totalidad de sus deudas en menos de 25 años (bajo el supuesto de que aplicaran la totalidad de los recursos que generan a pagarlas). Esta ratio en 2012 se había situado en el 73,2%, lo que muestra un empeoramiento de la situación financiera en las firmas que acceden a la antes conocida como suspensión de pagos. Otro dato que resulta indicativo del carácter estructural de la crisis de las empresas concursadas el año pasado es que solamente seis de cada cien (diez de cada cien en 2012) tienen las condiciones financieras suficientes como para alcanzar un convenio con los acreedores dentro de los límites generalmente marcados por la ley concursal (50% de quita, cinco años de espera).
Estas son algunas de las principales conclusiones del anuario concursal 2013 del Colegio de Registradores, tras examinar el 90% de los autos de declaración de concurso de sociedades mercantiles, entre otros miles de documentos correspondientes a las diferentes fases de los procedimientos concursales. Asimismo, el estudio de la evolución de diferentes ejercicios detecta patrones de comportamiento y permite analizar los efectos de la reforma de 2011 de la Ley Concursal.
Desde la perspectiva del tamaño, el promedio del pasivo por empresa concursada fue de 5,5 millones de euros en 2013 (6 millones un año antes) y tenía ocho empleados de media (nueve en el caso de 2012). De hecho, las de mayor tamaño, de 50 asalariados, apenas representaban el 2,4% de los concursos, muy por debajo del 8,5% observado en los dos años anteriores, 2011 y 2012. Por otro lado, cerca de la mitad de las sociedades que entraron en suspensión de pagos tenían una antigüedad de entre 5 y 15 años, y la práctica totalidad -95 de cada 100- habían solicitado el concurso de forma voluntaria.
La construcción, como en años anteriores, continúa estando a la cabeza de las sociedades concursadas. El porcentaje de sociedades vinculado a las actividades relacionadas con la construcción -desde la extracción de materias primas a las actividades inmobiliarias-, se situó en 2013 en el 41,5%, una cifra inferior al 45-46% en el que estuvieron entre los años 2009 y 2012.
Uno de los peores datos del análisis del pasado ejercicio es la escasa utilidad de la figura del concurso, en principio enfocada para tratar de salvar a la empresa de una situación de dificultad económica. La gran mayoría de los concursos que se inician acaban en la liquidación de la firma -el 94,05% del total-, un porcentaje prácticamente similar al del año anterior. Además, en 85 de cada cien casos se realizan liquidaciones directas, sin que previamente se haya registrado la fase de convenio.
En relación a las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios -siempre bajo el supuesto de cumplimiento íntegro de los pagos-, los compromisos acordados con el deudor se situaron, de promedio, en el 47,13% del valor nominal de las deudas, sin que se aprecie una especial vinculación de la calidad financiera de la empresa -apalancamiento o ratios de solvencia más o menos favorables- con la calidad de los pactos de pago establecidos.
Deuda de las compañías
Las sociedades que alcanzaron el convenio de acreedores -con lo que lograron salvarse, al menos momentáneamente- acumulaban un pasivo medio de 15,7 millones de euros. En cuanto a la duración de la fase común de los concursos en 2013, aquellos que se iniciaron en empresas que tenían un pasivo estimado por debajo del millón de euros -que se tramitaron por la vía abreviada- tuvieron una duración media de 11,53 meses, lo que significa casi un mes más que el año anterior. Sin embargo, en el caso de las suspensiones de pagos de firmas con un pasivo superior a los 10 millones de euros - realizados por la tramitación ordinaria-, la duración media superó los 22 meses (casi dos años), lo que significa medio año más que en 2012, una situación que ha empeorado notablemente con el paso del tiempo.
Otro de los problemas que se han detectado es la elevada duración de las fases de liquidación de las empresas que no han conseguido alcanzar un acuerdo con sus acreedores. Lo más grave de esta demora es que puede producir pérdidas cuantiosas en las instalaciones y activos con que cuenta la compañía por la falta de uso y el deterioro, lo que hace descender de forma notable su valor a la hora de subastar todos esos bienes.
Los tres mayores concursos de la historia de España tienen como protagonistas a la inmobiliaria Martinsa Fadesa, con más de 7.000 millones de deuda, la multinacional pesquera gallega Pescanova (con más de 3.500 millones) y la constructora Reyal Urbis, con un pasivo que superaba los 3.000 millones de euros.
