Pescanova aprovechará la junta extraordinaria solicitada en el juzgado por su socio Cartesian, que posee un 5% de su capital, para cambiar los estatutos y nombrar a Ernst & Young como auditora externa. Uno de los cambios será la "modificación de la fecha del ejercicio social" para poder cerrar el ejercicio contable a 30 de noviembre. Según el artículo 48 de sus estatutos el ejercicio fiscal de la pesquera expira el 31 de diciembre, pero en la compañía quieren prevenir ante la posibilidad de verse perjudicados por la reforma fiscal que prepara el Gobierno. Pescanova cerró junio con un resultado neto de 1.789 millones de euros debido a la quita de más de 2.000 millones aplicada a la banca acreedora, y por eso esos casi 1.800 millones no fueron beneficios en sentido estricto. Ante la posibilidad de que el Ejecutivo aplique una retención sobre esta cantidad -entre el 10 y el 15%-, la empresa decidió adelantar el cierre de su ejercicio social. Así, según los expertos consultados por este diario, podría ahorrarse unos 200 millones -que no tiene- en impuestos.
"Se va a aprovechar el encuentro para introducir unos cambios", explican fuentes conocedoras del proceso de reestructuración. "Todavía no se sabe hasta qué punto podría afectar la reforma fiscal", de ahí que incidan en que se trata de una medida "de precaución". Según las mismas fuentes, el estudio sobre el impacto de los cambios en la política tributaria del Ejecutivo forzaron la presencia del asesor legal de Pescanova, Freshfields, en la última Comisión de Vigilancia del convenio, celebrada el jueves de la pasada semana. Otras personas vinculadas a las negociaciones explican que ha habido contactos de "alto nivel" con distintos departamentos del Ejecutivo, que podrían incluir la Dirección General de Tributos, el Ministerio de Hacienda o el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). "Al margen de este cambio y del nombramiento del auditor externo, la junta no preocupa", insisten en el entorno de la multinacional gallega.
Orden del día
La junta será el día 26 de noviembre a las 20.00 horas, y estará presidida por Diego Fontán, consejero por Crisgadini, la sociedad de inversión de la potentada asturiana Carolina Masaveu. Así lo mandó el juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra y así tuvo que acatarlo la compañía. En la junta tendrán que poner a disposición de los socios información que, hasta la fecha, es confidencial. En primer lugar, el informe forensic de KPMG que destapó el escándalo en la multinacional, y por el que parte de su antigua cúpula directiva está imputada en la Audiencia Nacional. Hasta la fecha en Pescanova se habían reservado el derecho de no hacerlo público por contener información privada, ya que en el documento aparecen correos electrónicos en los que se identifica al remitente y receptor (o receptores) de los mismos. También deberá ser público en su integridad el plan de viabilidad elaborado por Pricewaterhouse Coopers (PwC), que consideró tanto la filial chilena -ya perdida- y la planta de rodaballo en Mira -en venta- como activos estratégicos de Pescanova.
