La decisión ya es firme. José María Castellano se queda sin los 25 millones de euros de bonus que esperaba percibir por su gestión al frente del operador de fibra ONO. Vodafone, que compró la empresa de telecomunicaciones el pasado mes de julio, decidió anular definitivamente el bonus a raíz de un presunto fraude fiscal cometido supuestamente por la empresa bajo la gestión del exdirectivo de Inditex y expresidente de Novagalicia Banco.
En septiembre ya había trascendido que la nueva dueña de ONO había bloqueado el pago a Castellano y otros tres exdirectivos de un bonus de 68 millones. La suspensión temporal se convierte en definitiva a la vista de los resultados de la investigación interna abierta por la compañía británica y que habría demostrado que el presunto fraude, que permitió elevar el precio de venta de ONO, se hizo bajo la responsabilidad de la cúpula de la empresa. Correos electrónicos requisados en los portátiles de altos directivos serían prueba suficiente para demostrar la implicación de Castellano y su equipo en la supuesta operación fraudulenta, según desveló ayer El Confidencial.
Este diario digital también apunta que Vodafone baraja presentar en breve una querella contra Castellano, Rosalía Portela -exconsejera delegada y directiva de toda confianza del primero, que también iba a cobrar 25 millones-, Carlos Sagasta -exdirector financiero que iba a percibir 15 millones- y Guillermo Mercader, exresponsable del negocio residencial y que esperaba un cheque de 3 millones.
Vodafone se limitó ayer a confirmar que tras "detectar un posible fraude" encargó una auditoría, pero no confirma ni desmiente la anulación definitiva de los bonus que cobrarían Castellano y su equipo. La cúpula de ONO logró vender la firma, que arrastraba una deuda de 3.000 millones de euros, por 7.200 millones. La compañía británica "colabora" además con la Agencia Tributaria, que investiga el supuesto fraude desde antes de la venta a Vodafone. La empresa inglesa compró ONO sin saber nada de la apertura del expediente por parte de las autoridades españolas a la operadora de cable.
Posible irregularidad
La irregularidad consistiría en no declarar el IVA en uno de los departamentos de tráfico de llamadas de la compañía de telecomunicaciones. La compraventa internacional de tráfico de llamadas presuntamente se hacía a través de una trama de sociedades fuera del balance de la compañía dirigida por Castellano, y en consecuencia al margen de las cuentas a las que tienen acceso los auditores. La operación delictiva alcanzaría los 60 millones de euros.
Estas filiales facturaban supuestamente a ONO 250 millones de euros y la firma los hacía aflorar cuando lo necesitaba. Por ejemplo, en plena negociación de venta a Vodafone.
