La juez culpa a FROB y NCG de ocultar la quiebra a Gadisa

El fallo, el primero del pleito planteado por los inversores contra el FROB y el propio banco por la pérdida de los 70 millones invertidos, es contundente y estima todas las pretensiones de la demanda. Invalida el compromiso de inversión firmado en diciembre de 2011, el contrato de compraventa suscrito un mes después; obliga al FROB a devolver el dinero invertido, a pagar los intereses que correspondan desde la escritura de compraventa hasta que desembolse el último céntimo e incluso a asumir las costas del procedimiento.

La sentencia, que da a las demandadas 20 días para recurrir, es prolija y analiza cada uno de los aspectos debatidos durante el juicio, celebrado los pasados 13 y 14 de noviembre para desestimar en tiempo récord todas las alegaciones planteadas por las dos entidades demandadas y dice sobre Gadisa: "Lo que es obvio es que se le privó de la posibilidad de adoptar una decisión libre, consciente y voluntaria, viciándose su consentimiento ante la ocultación de la información". Este argumento equipara la actuación del fondo de rescate bancario y de Novagalicia con la imputada a las cajas de ahorros gallegas en las miles de sentencias dictadas en su contra por la comercialización de las participaciones preferentes.

El fallo allana el camino a una sentencia favorable para el pleito conjunto planteado por Inveravante, Ranebe 2003, Rodman, Santiago Rey Fernández-Latorre y José Luis Vázquez Mariño, cuyo juicio se celebró en el mismo juzgado los pasados 20 y 21 de noviembre. Sobre todo porque el pleito de Gadisa tenía en principio menos posibilidades de prosperar porque su presidente, Roberto Tojeiro, fue el único de los 17 empresarios que invirtieron (además del expresidente de NCG, José María Castellano, y su número dos, César González-Bueno) que era consejero del banco en el momento de la inversión.

La sentencia analiza de hecho esta cuestión que la abogada del Estado y defensora del FROB planteó en el juicio como prueba de que el empresario tuvo oportunidad de dar marcha atrás y retirar su inversión. "En nada afecta a esta decisión el hecho de que don Roberto Tojeiro fuese consejero y miembro del Comité de Auditoría [...] porque lo era en calidad de miembro independiente, no como representante de Gadisa", advierte.

La magistrada centra el pleito en la misma cuestión que los letrados de las tres partes quisieron destacar en sus conclusiones durante el juicio: la existencia o no de dolo (mala fe) en la actuación del FROB y NCG. Si sabían antes de producirse la compra de acciones, el 12 de enero de 2012, que Novagalicia tenía que hacer un ajuste retroactivo de más de 1.000 millones sobre el patrimonio recogido en el asiento contable de la fusión de las cajas, y si estaban al tanto de la próxima promulgación del decreto conocido como Guindos I que exigió provisiones de más de 50.000 millones a la banca española.

Tal y como se expuso ampliamente en el juicio, NCG Banco decidió hacer uso de la legislación que le daba un año de plazo para modificar el valor de los activos recogidos en el asiento contable de la fusión de las cajas. La versión oficial que entonces dio el banco era que ese ajuste pretendía incrementar las provisiones de la entidad para mejorar su solvencia, pero en la vista, la entidad reconoció que fue consecuencia de la valoración del negocio de la caja antecesora en 181 millones que hizo el Banco de España.

La sentencia hace un recorrido por la información facilitada a los inversores que reflejaba la imagen de un banco saneado con unas muy optimistas proyecciones de negocio como la "recuperación positiva de los precios inmobiliarios en Galicia, que contribuirá a mejorar nuestro balance" y cómo sus directivos argumentaban que la valoración de la entidad en 181 millones era consecuencia de la evaluación a la baja de las cajas en el mercado. La entidad llegó a transmitir a los inversores que el valor de mercado de 2.646 millones no reflejaba el valor patrimonial, condicionado por "las referencias del mercado y por no cotizar en Bolsa".

La juez considera probado que NCG nunca corrigió la información detallada en los documentos trasladados a los inversores por lo que Gadisa, al no disponer de cuentas públicas que contradijesen la información facilitada "está a ciegas" ante su inversión. Ante la pretensión defendida por el FROB en el juicio de que la necesidad del ajuste se desprendía de la valoración de 181 millones, la sentencia apunta: "Una cosa es tratar de mantener que de la información existente ya se deducía la necesidad de un ajuste y otra cosa es saber que el mismo hay que realizarlo, que por su importe es relevante y va a tener un alcance retroactivo y pese a saberlo callarse y poner a la firma la escritura de compraventa. La decisión entonces no sería libre, consciente y voluntaria".

La magistrada recuerda que el FROB tenía la opción de frustrar la venta al no alcanzar los inversores gallegos un compromiso de compra por al menos un 5% del accionariado. El fallo recuerda además cómo el banco decidió retrasar una reunión del comité de auditoría previsto para el 12 de enero -el día de la firma del contrato de compraventa- para el 17 de enero por la coincidencia de fechas, aunque no fue hasta el juicio de Inveravante, celebrado después del de Gadisa, que el asesor jurídico de NCG, Eduardo Álvarez-Naveiro, reconoció que se decidió para evitar que coincidiesen ambas fechas.

La sentencia considera "plenamente creíble" el "argumento de la actora" de que tanto el FROB como Novagalicia "disponían de datos acerca de la nueva normativa" que obligarían a incrementar las provisiones de la entidad en 1.513 millones y generaría unas necesidades de capital de 948 millones más.

"Es una realidad indiscutible que a la fecha de la firma de la escritura pública de compraventa de acciones todos los interlocutores de este proceso salvo Gadisa sabían sobradamente que había que hacer un ajuste que superaba los 1.000 millones de euros...". La magistrada también rebate la argumentación de las entidades acusadas de que los empresarios tenían que haber encargado una auditoría due diligence en NCG antes de invertir.

"Se trataba de la intervención del Estado a través del FROB y el Banco de España había adoptado las cautelas oportunas, en lo que atañe al método de valoración para velar por la entrada del FROB", dice en el fallo y concluye que las entidades estaban "obligadas" a advertir a Gadisa de la situación real del banco. "Y nada hicieron ni dijeron. En ningún documento o declaración de los distintos intervinientes se ha revelado algún dato que refleje la más mínima preocupación al efecto", incide.

En la parte final de la sentencia, la magistrada reconoce que su decisión "surge de forma convincente, probada y clara, prácticamente con la mera lectura de las actas y documentos de los distintos intervinientes" y censura la pretensión del FROB y NCG de culpar al inversor: "Decir ahora que es culpa del inversor porque no extremó su diligencia, sería tanto como validar la mala praxis de las demandas. Y eso, es inaceptable".

El fallo notificado ayer sorprendió a las partes, que no esperaban una sentencia tan rápido. El abogado de los inversores, Daniel Jiménez de SLJ Abogados (con el apoyo de Ashurst) se limitó a mostrar su satisfacción con una sentencia "muy bien razonada", mientras que Gadisa eludió hacer declaraciones. El fallo fue muy bien acogido por todos los inversores implicados en los pleitos. Tras ésta falta por conocer la que afecta a Inveravante y Ranebe 2003, pendiente en el mismo juzgado y la del juicio promovido, entre otros, por Hijos de Rivera, que se celebró en el juzgado de Primera Instancia número 5. El último juicio será el de Hierros Añón que, con 25 millones de euros es el que más capital reclama, y que está señalado para los días 10 y 12.