El expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción planteado por la empresa SEMI (Sociedad Española de Montajes Industriales, dependiente del grupo ACS) para 284 trabajadores en España afecta a un total de 44 profesionales que trabajan en los centros de Galicia, 36 de ellos en la provincia de A Coruña. De esta forma, el despido colectivo incluye al 31% de la plantilla gallega, compuesta por 140 operarios, mientras que a nivel estatal afecta al 19% de los empleados, de un total de más de 1.500.

Los representantes de la dirección de la empresa -dedicada al sector eléctrico y de las telecomunicaciones, con clientes como Gas Natural Fenosa, Red Eléctrica de España o Telefónica- y de la plantilla celebraron esta semana la segunda reunión del periodo de consultas para negociar el despido colectivo en la que la parte empresarial aportó a los trabajadores la memoria explicativa del ERE y un informe de un auditor externo que la compañía emplea para justificar la medida. SEMI alega causas productivas para plantear el ajuste laboral y utiliza una fórmula que los sindicatos califican de "falsa y ventajista" sobre un supuesto descenso de la productividad de la empresa. "Cogen la facturación y la dividen entre el número de trabajadores y con ello se acogen a que ha caído la productividad. Pero no van más allá, no revisan hechos como la posibilidad de que los empleados estén mal equipados o que el bajón de la facturación pueda deberse a cambios en la política comercial de la compañía", denunció el portavoz de la plantilla gallega, Ramón Fernández Alfonzo.

Por este motivo los profesionales gallegos califican la memoria y el informe auditor de "infumables". "No puede ser que el análisis externo solo incluya las cifras facilitadas por la empresa, sin buscar más", criticó el también representante de la Federación de Industria del sindicato CIG.

Los despidos planteados en Galicia corresponden fundamentalmente al departamento de distribución y afectan principalmente a trabajadores indefinidos, aunque también hay algunos temporales, con contrato por obra. En el caso de estos últimos, denuncian los sindicatos, hay contratos "ilegales", de profesionales contratados para prestar servicio a una determinada empresa pero que finalmente realizaron trabajos también para otras. "Hay muchos operarios con contratos de obra vinculados a Gas Natural Fenosa para el mantenimiento de líneas de media y baja tensión pero que prestaron servicios también a otras firmas, como si fuesen indefinidos. SEMI los trató en el día a día como empleados fijos, por lo que al despedirlos consideramos que debería tratarlos como tal", defendió Fernández Alfonzo.

La memoria explicativa facilitada por SEMI no especifica las condiciones de despido pero los representantes de la plantilla gallega dan por hecho que ofrecerá "el mínimo legal", 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades.

El encuentro en Madrid entre compañía y empleados sirvió también para conocer el alcance de la modificación sustancial de las condiciones laborales que pretende aplicar la empresa, que sólo afectará a los profesionales de Cataluña y Madrid. Un hecho que, según los representantes sindicales, debe derivar en que haya dos mesas de negociación: una para abordar el despido colectivo y otra para la rebaja salarial. "Creemos que la mesa está mal compuesta. No puede ser que negocien o decidan representantes sindicales a los que no afectan las medidas planteadas. La representación está mal definida y no es legal negociar conjuntamente las dos cosas. Debería haber dos mesas", explicó Fernández Alfonzo. SEMI, sin embargo, rechaza que haya una negociación a dos bandas y sigue adelante con el planteamiento de una mesa conjunta.