En el otoño de 2012, altos funcionarios de la Agencia Tributaria hacían bolos por todas las comunidades autónomas con el cometido de explicar a los despachos de asesores y expertos los pormenores de la llamada amnistía fiscal. Quedaban unas semanas para que en noviembre se cerrara la ventana abierta por el Gobierno para que los evasores fiscales regularizasen patrimonios ocultos y la cosa no pintaba bien: el número de declaraciones presentadas era entonces ridículo comparado con las expectativas del Ministerio de Hacienda, que en un contexto de gran desequilibrio de las cuentas públicas (el déficit de 2011 había sido del 9,4%) y con la recaudación en caída (pese a la fuerte subida de impuestos que decidió el PP recién llegado a La Moncloa) había desplegado la tercera amnistía fiscal de la democracia con ánimo en primer lugar recaudatorio.
El 90% de las declaraciones se registraron en el último mes del plazo. Se acogieron al procedimiento 29.065 personas físicas y 618 sociedades que hicieron aflorar bienes (cuentas e inmuebles en el extranjero, valores, dinero en efectivo...) por unos 40.000 millones de euros. Conforme a una estimación de los técnicos de Hacienda, en Galicia afloraron unos 1.500 millones. La Agencia Tributaria recaudó 1.200 millones, la mitad del objetivo marcado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (2.500 millones).
A los evasores les resultó barato, al menos en primera instancia. Las condiciones de la amnistía implicaban inicialmente que se podían legalizar los bienes ocultos mediante el pago del equivalente al 10% del valor. Sin embargo, luego las reglas se revisaron y en al menos parte de los casos únicamente se pagó por los rendimientos de los bienes de los ejercicios no prescritos (los correspondientes al período 2007-2010), de modo que el tipo medio efectivo fue del 3%. Un gran negocio si se considera que en condiciones normales los contribuyentes concernidos, generalmente acaudalados, tendrían que haber tributado por el IRPF al tipo marginal. Los amnistiados se libraron de tributar lo que pagaban los contribuyentes que no habían evadido y quedaron exonerados además del resto de responsabilidades fiscales por su infracción: la posible acusación por delito contra la Hacienda Pública (penado hasta con 5 años de cárcel) si la cuota defraudada superaba los 120.000 euros y las sanciones de tipo administrativo.
Ahora bien, aunque se dijo que no habría represalias, la Agencia Tributaria también precisó que la amnistía era fiscal, que únicamente cubría responsabilidades tributarias y no otros posibles delitos si el origen del dinero era ilícito.
A partir de noviembre de 2012, Hacienda dispuso por tanto de una lista de casi 30.000 nombres de ciudadanos que habían tenido bienes ocultos y también a partir de ese año, a través de otro procedimiento (la declaración obligatoria de bienes en el extranjero, el modelo 720), de un volumen aún mayor de información que poder cruzar con la de los amnistiados.
Comenzó a hacerse a partir de 2013, con la llegada de Santiago Menéndez, hasta entonces al frente de la unidad antifraude, a la Dirección General de la Agencia Tributaria. Con aquellos datos y las sucesivas declaraciones anuales del modelo 720, los inspectores pudieron conocer por ejemplo la existencia de posibles contradicciones entre los patrimonios aflorados mediante uno y otro procedimientos.
El exministro Rodrigo Rato, denunciado ahora por la Fiscalía por presuntos delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, es uno de los casos en los que se hallaron contradicciones que dieron pie a una investigación.
Durante 2014, los trabajos de la Agencia Tributaria se intensificaron y en el mes de octubre Santiago Menéndez anuncio en un congreso de inspectores que estaba en marcha una macroinvestigación sobre las rentas ocultas afloradas en la amnistía fiscal. En los meses anteriores se habían buscado "perfiles de riesgo" entre los amnistiados. Por ejemplo, personas sin actividad empresarial o profesional que pudiera justificar el origen de los fondos opacos declarados o cuya fortuna no pudiera explicarse fácilmente por una herencia oculta. Como Luis Bárcenas o el sindicalista asturiano, José Ángel Fernández Villa, que regularizó 1,4 millones. Su caso estalló ese mismo octubre.
Fernández Villa fue, junto al del extesorero de PP Luis Bárcenas, uno de los primeros personajes de relieve público de los que trascendió que se acogieron a la amnistía fiscal y sobre los que se emprendieron indagaciones posteriores. El exsindicalista, bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción desde 2014, forma parte de la relación de 705 beneficiarios de la amnistía que, según reveló Santiago Menéndez en sede parlamentaria, están siendo investigados, parte de ellos a través de la unidad de inteligencia financiera (el servicio Sepblac) del Ministerio de Economía.
Esa lista, de la que también formó parte Rodrigo Rato, está formada por distintos tipos de perfiles. La Agencia Tributaria identificó en primer lugar a varios centenares de personas (unos trescientos, según algunas informaciones periodísticas) que están vinculados al sector público. Se trataría de personajes del ámbito político, pero también de funcionarios como embajadores, jueces o fiscales.
Herencias no declaradas
Las sospechas de conductas ilícitas como el cohecho parten a menudo de la discordancia entre los ingresos profesionales del investigado y la dimensión de los bienes regularizados. La justificación más comúnmente alegada es que se trata de herencias no declaradas y depositadas en el extranjero.
De la controvertida lista forman parte también otro tipo de personajes de quienes se sospecha, por sus antecedentes, que los bienes regularizados, en ocasiones a través de testaferros, procede de actividades ilícitas como el narcotráfico o la prostitución.
Para todos ellos la amnistía fiscal se habrá convertido en una trampa si las investigaciones en marcha llevan a procesamientos y condenas. Caldo de cultivo para la inquietud entre cuantos se beneficiaron del indulto tributario.
