El pleno de la Eurocámara criticó ayer a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) por participar en la financiación del proyecto de almacén gasístico Castor frente a la costa de Castellón y Tarragona sin evaluar los riesgos sísmicos y les exigió que tomen medidas para evitar que la ciudadanía tenga que asumir la indemnización de 1.300 millones que el Gobierno español ha pagado a la concesionaria Escal UGS (controlada por ACS) por la paralización del proyecto. Esta solicitud se incluye en el informe anual de actividad del BEI y ha sido aprobada, en una votación por separado del resto del texto, por 350 votos a favor, 263 en contra y 28 abstenciones.
El Parlamento Europeo lamenta el papel del BEI y de la Comisión en el proyecto Castor, financiado en el marco de la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos. El informe destaca que la evaluación de riesgos no tomó en consideración la posibilidad de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, "pese a la existencia de estudios que alertaban de los peligros potenciales de la operación".
