El Tribunal Supremo anuló una parte esencial de la norma que facilita la aprobación de expedientes de regulación de empleo (ERE) en el sector público. La Sala de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal estimó parcialmente un recurso de UGT y CCOO contra el reglamento de despido colectivo aprobado por el Gobierno del PP en 2012 y procedió a anular parte del artículo 35.3, en el que se determinan los criterios para definir la "insuficiencia presupuestaria" a la que pueden agarrarse administraciones y entidades públicas para justificar despidos colectivos por causas económicas.

El Alto Tribunal considera contraria al Estatuto de los Trabajadores la definición que se hace de "insuficiencia presupuestaria". En concreto, el mencionado artículo entiende que existe insuficiencia cuando en el ejercicio anterior la Administración pública en la que se integra el departamento u organismo que plantea el despido hubiera presentado una situación de déficit y cuando los créditos asignados a los mismos se hayan reducido un 5% en el ejercicio en curso o en un 7% en los dos años anteriores. El Supremo considera que ambos criterios pueden reflejar situaciones de insuficiencia presupuestaria, en que la entidad afectada no dispone de una previsión de ingresos suficiente para hacer frente a los servicios que tiene encomendados. Ahora bien, el Alto Tribunal destaca que la disposición final 20ª del Estatuto de los Trabajadores, tal como quedó redactada tras la reforma laboral de 2012, establece que la mera insuficiencia presupuestaria no es causa justificativa del despido colectivo, sino que tiene que producirse una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente", adjetivos que obvia el reglamento del Gobierno. Para el Supremo, "el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia".

Reacciones

Los sindicatos UGT y CCOO señalaron ayer que el fallo del Alto Tribunal es "un nuevo golpe" a la reforma laboral aprobada en 2012 y "palía, en parte, el ataque frontal del PP contra el Estatuto de los Trabajadores y contra los derechos laborales". Según las centrales sindicales, en la mayor parte de los despidos colectivos que se realizaron en entidades públicas desde entonces se alegaron causas económicas.