Si antes de la fusión, como destacó ayer Pego, los altos cargos de Caixanova podrían haber desistido ya al amparo de la renovación al completo de los órganos de decisión por la entrada en vigor de la reforma de la ley gallega de cajas, en el caso de Gregorio Gorriarán hubo dos oportunidades anteriores más. Las dos integraciones de las cajas del sur que dieron lugar a Caixanova. El que fue encargado de la división inmobiliaria de la entidad única tuvo también que corregir a la fiscal Pilar Melero, que empezó interrogándole sobre sus responsabilidades en la caja viguesa, antes de la unión con Caixa Galicia, también en el área inmobiliaria. "Señora -le dijo Gorriarán-, yo era director comercial".

Los continuos enzarces entre ambos fueron especialmente intensos a la hora de referirse a los "cambios" que la Fiscalía les recrimina. "Como recoge en el preámbulo de la protocolización" ante el notario, leyó Gorriarán, se trataba de una "prórroga" con las mismas condiciones acumuladas con anterioridad. La "prueba del nueve" de que no se cambiaron, incidió, es que las nóminas "desde ese momento y hasta que nos fuimos no incluyen variaciones cualitativas ni cuantitativas". La fiscal Pilar Melero se refirió entonces a un informe pericial del Banco de España donde se detecta una subida "del 2%" en los salarios de 2011. "Por el incremento recogido en el convenio general de las cajas", contestó Gorriarán. Con él se reanudará hoy el juicio.