Por si quedaban algunas dudas de que el Banco de España estaba al tanto de los contratos de los exdirectivos de las cajas ahora juzgados en la Audiencia Nacional por sus prejubilaciones, la jornada de ayer ayudó a disiparlas. En las sesiones de lunes y martes hasta el propio jefe de supervisión, Pedro González, reconocía que los inspectores analizaron las condiciones laborales y, como figura en su dictamen -incluido en la causa-, concluyeron que no afectaba a la solvencia de la entidad. Pero el grado de conocimiento que tenían parece que fue incluso mayor. Domingo González Mera, director de Planificación Financiera y Control de Caixanova y luego en Novacaixagalicia consultó con el organismo también el pago de las liquidaciones antes de hacerlas efectivas. En dos ocasiones, pese a que Pedro González aseguró que se había enterado "por la prensa".

La primera, el 13 de septiembre de 2011, cuando llega la orden para los primeros tres altos cargos que se iban, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada. González Mera asegura que mantuvo una conversación telefónica simultánea con Pedro González y con Fernando Pérez de Armiñán, encargado de la inspección del grupo de cajas en las que se englobaba la fusión gallega. No hay ningún problema. Lo único que se habla, según relató ayer en la vista a la que acudió como testigo de los imputados, fue si el desembolso se hacía con cargo a agosto -el cierre de los balances se prorrogaba hasta los primeros 20 días del mes siguiente- o septiembre. La conversación se repite, ya solo con Pérez de Armiñán, poco tiempo después por la salida de Javier García de Paredes, con el banco ya constituido. El responsable del Banco de España tampoco vuelve a poner obstáculos y solo le pide que le mande las cantidades globales derivadas de la marcha de los cuatro. Le envía un correo. Otro de los documentos integrados en la causa.

Antes de incorporarse a la cúpula de Caixanova, Domingo González Mera trabajó en la multinacional auditora Arthur Andersen y se encargaba de escudriñar las cuentas de la caja. Incluidos los contratos, que conocía "desde siempre". "Son muy antiguos", explicó. "¿El Banco de España los pidió?", le preguntaron, en referencia a la inspección que comenzó en Novacaixagalicia en febrero de 2011 y las supuestas reticencias que se le pusieron al organismo para hacer copias. Algo que Óscar Rodríguez Estrada, uno de los acusados y con tareas sobre el departamento laboral, negó tajantemente. También lo desmintió González Mera.

Ese mes de febrero, asegura, los solicitó el que en aquel momento llevaba el equipo de inspección in situ del Banco de España, Eduardo Fernández. González Mera, uno de los principales interlocutores de la caja con el supervisor, lo llevó hasta el despacho de Rodríguez Estrada, "y les entregó los contratos originales para que se fueran con ellos a trabajar en la sala de la que disponían en la entidad". "Con ordenador y fotocopiadora", destacó. Lo mismo que sucedió en mayo, cuando Eduardo Fernández pide también las actas de todos los órganos de gobierno y de los comités de gestión; y cuando la firma BDO desembarca en Novacaixagalicia por el encargo del FROB de realizar la diligencia previa a la nacionalización.

Hubo, al menos, una cuarta ocasión en la que el Banco de España accedió a la información sobre las condiciones de la alta dirección. Mucho antes. En diciembre de 2010, indicó González Mera. Con motivo del pacto laboral de fusión, el organismo reclama a Novacaixagalicia un listado de todas los trabajadores que entre 2011 y 2015 cumplieran los 55 años con los detalles individualizados de los conceptos retributivos a los que tenían derecho y su cuantía, además de lo que les correspondería antes y después de lo acordado con los sindicatos. Un fichero que "pesaba una barbaridad", recuerda el exdirector de Planificación, y en el que iban los importes concretos de Pego y Gorriarán porque estaban entre los empleados que alcanzarían esa edad.

Domingo González Mera se enteró de la marcha de José Luis Pego porque él mismo se lo comunicó el 11 de septiembre de 2011, domingo, después de que José María Castellano le trasladara que los fondos norteamericanos con los que iba a recapitalizar Novacaixagalicia imponían el cambio en la cúpula. La confirmación oficial llegó al día siguiente durante el comité de dirección celebrado en Santiago. Allí estaba también Juan Díaz Arnau, director de Desarrollo Corporativo de Negocio. Otro de los testigos que admitió su sorpresa en el juicio por la salida de Pego. Porque en la reunión de estrategia comercial celebrada solo tres días antes el presidente del banco cedió las decisiones al todavía director general, según Arnau, y porque "los tres organigramas" que se manejaron para la caja tenían a Pego como consejero delegado. "¿Y dónde estaba César González-Bueno?", inquirió la fiscal. "González-Bueno ni entraba en la ecuación. Nadie sabía de su existencia", respondió Arnau.

La acusación optó entonces por no preguntar más al exdirector de Desarrollo Corporativo, que sacó a la luz la enésima ocasión en la que se abordó la situación de la alta dirección con el Banco de España. En octubre de 2010, en la sede del supervisor. Un encuentro "por diversos temas de la fusión", incluidos los contratos. "Se entregó documentación en mano", subrayó.

El director de Recursos Humanos de Novacaixa confirmó uno a uno todos esos encuentros con los inspectores del Banco de España y BDO para que revisaran los contratos. Rubén Martínez aseguró que cuando en la entidad se conoció la marcha de Pego "hubo conmoción, todo se paralizó". Él y una empleada dependiente de los servicios jurídicos se encargaron de las liquidaciones que se juzgan y que se calcularon "sin que nadie interfiriera". Como cualquier otro contrato. Martínez puntualizó que la parte fija de la retribución por resultados "no es variable", como sostienen las fiscales. Que tampoco lo es la gratificación, "porque no depende de nada" y que el derecho de viudedad no es una novedad en la ratificación de los contratos que se realizó en la fusión "porque proviene del convenio colectivo para todos los trabajadores".

Entre las recriminaciones con las que Fiscalía monta su acusación de presunta malversación o estafa para los cuatro directivos, Julio Fernández Gayoso y el asesor externo Ricardo Pradas, está que los imputados, a excepción de Rodríguez Estrada, se prejubilaron con menos de los 55 años que marcaba "el pacto laboral" de la integración. El testimonio de Rubén Martínez desmontó la confusión. Primero, porque los contratos de alta dirección permitían la salida independientemente de la edad. "Pero una cosa es el pacto laboral y otra cosa el ERE, que era una de las patas del acuerdo", explicó el director de Recursos Humanos. "El pacto se aplicaba para toda la plantilla, mientras que las condiciones del ERE eran solo para los que se fueron en él". indicó.