El despacho coruñés de abogados Caruncho, Tomé & Judel anunció ayer que presentó "más de 100 demandas" en España contra el Banco Popular por "un nuevo producto tóxico: bonos subordinados necesariamente canjeables por acciones". Un producto que, asegura el bufete, provocó a los afectados unas pérdidas patrimoniales "del 83,3%" en el momento de su conversión en acciones.
Fuentes de la entidad financiera explicaron que no se trata de "ningún producto tóxico" sino de bonos con una remuneración del 7%, "muy elevada si se compara con cualquier otro producto" y que cuentan con ventanas trimestrales de liquidez para que el bonista pueda convertirlos en acciones si lo desea. El banco aclara además que las conversiones ser realizaron a petición de los clientes y que las pérdidas estarían "en el entorno del 30%", no del 83%, por lo que sostiene que acatará lo que decidan los tribunales.
