La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera probado que Repsol coordinó precios o descuentos con cuatro empresas del sector situadas en Madrid, Murcia y Lugo en los ejercicios 2012 y 2013, motivo por el que acaba de confirmar la imposición de una sanción de 22,59 millones de euros. Aparte de a Repsol, Competencia sanciona a las firmas lucenses Lence Torres y Complejo San Cristóbal con 113.801 euros, mientras que impone otros 28.074 euros a la estación de servicio Lorqui y 148.763 más a Cerro de la Cabaña, según relata en una nota hecha pública ayer por el organismo regulador del libre mercado.

Competencia acusa a Repsol y a las empresas, que forman parte de la red de estaciones de servicio abanderadas de la petrolera, de infringir el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Fuentes próximas al organismo aseguraron a Europa Press que tres consejeros de la CNMC, incluido su presidente, José María Marín Quemada, votaron a favor de la resolución, mientras que otros dos consejeros de la sala votaron en contra.

Fuentes de Repsol calificaron la resolución de "injusta, desproporcionada y carente de fundamento" y anunciaron que la recurrirán ante la Audiencia Nacional.

El organismo considera acreditado que Repsol llegó a un acuerdo con las empresas Lence Torres y Complejo San Cristóbal en abril de 2013 para coordinar los precios de venta al público en sus estaciones de servicio en el entorno de Lugo con el objetivo de equiparar los precios de venta al público de combustible en todas las estaciones de servicio dependientes de ambos grupos ubicadas en esa zona.

El organismo regulador también entiende que Repsol llegó a otro acuerdo en diciembre de 2012 con la estación de servicio Lorqui, de Murcia, según el cual se comprometió a no aplicar en la estación de servicio de Espinardo descuentos superiores a 3 céntimos por litro a cambio de conseguir finalizar con éxito sus negociaciones con el grupo Aranguren en Madrid.

Repsol y Cerro de la Cabaña, de Madrid, intercambiaron información estratégica relativa a los costes de venta al público para permitir a la petrolera finalizar la guerra de precios iniciada el año anterior en ese entorno, argumenta el regulador.

La CNMC señala que los acuerdos entre rivales para no competir en precios suponen "una grave restricción a la competencia nociva para el consumidor" y recuerda que estas conductas han tenido lugar en el mercado de distribución mayorista y minorista de carburantes de automoción.

El expediente ahora resuelto tuvo su origen en una investigación iniciada en mayo de 2013 a raíz de los informes publicados por las extintas Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre el alineamiento de los precios de venta al público de combustibles en estaciones de servicio.

Tras realizar inspecciones en las sedes de varios operadores petrolíferos, Repsol incluido, se abrió un expediente contra la petrolera, Cepsa y BP España, así como contra Lence Torres, Complejo San Cristóbal, Cerro de la Cabaña, Estación de Servicio Macar y Estación de Servicio Lorquí por coordinación en materia de precios.

Insuficiente, para el transporte

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) considera que las sanciones conocidas ayer "son insuficientes y no ejemplarizantes". Fenadismer estaba personada en el expediente y considera que el importe de las multas es "irrelevante" en comparación con la facturación de la compañía, por lo que no cumple su finalidad disuasoria y "no produce efectos en la eliminación de las distorsiones reales de la competencia" en el mercado de carburantes.