Un empresario coruñés tuvo que acudir a la Audiencia Nacional para lograr la anulación de una deuda de 4.365 euros que la operadora de telefonía Vodafone le reclamaba desde hacía más de tres años por haber dado de baja una veintena de líneas de móvil sin haber incurrido en impago alguno y a pesar de que ninguna tenía asociada ningún compromiso de permanencia. El propietario de la firma de Meicende Satelco Comunicaciones, Ricardo Sánchez Fresco, dio de baja las líneas después de sufrir durante dos meses problemas de falta de cobertura y hasta la paralización de la centralita de la empresa y de que Vodafone no fuese capaz de solventar este problema técnico.
La operadora sin embargo no dejó de reclamarle la deuda y llegó incluso a incluir a Satelco Comunicaciones en varios registros de morosos por supuestamente incumplir el contrato de descuento que tenía firmado con Vodafone, según documentos a los que ha tenido acceso este diario. Sánchez Fresco presentó inicialmente una reclamación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por una deuda que consideraba inexistente y por vulneración del derecho a la protección de sus datos personales, por la acusación de empresa morosa, pero la Secretaría de Estado, dependiente del Ministerio de Industria, desestimó sus reclamaciones y confirmó el derecho de Vodafone a exigir el pago de la deuda.
Más de tres años de batalla
El vía crucis de Ricardo Sánchez empezó en noviembre de 2011 cuando las 21 líneas que tenía contratadas con Vodafone desde 2005 -la red de telefonía móvil de su empresa y la centralita de las oficinas- empezaron a sufrir problemas de cobertura, cortes y la imposibilidad de recibir o enviar llamadas desde la sede de la firma, que se prolongaron durante más de dos meses.
La firma que llevaba el programa de fidelización con Satelco requirió entonces una revisión técnica de los responsables del centro emisor de Meicende, que certificaron entre diciembre y enero que la señal que recibía era insuficiente y con oscilaciones y se comprometieron a solventarlo, aunque nada cambió. Tras varias reclamaciones por teléfono, la firma se quedó incomunicada el 27 y 28 de marzo de 2012, ante lo que decidió cambiar de operador.
Vodafone reclamó la deuda desde el mismo momento en que Satelco cursó la portabilidad con otra operadora a través de un mensaje enviado a una de las líneas contratadas en el que advertía de que el abandono del contrato suponía una penalización de 4.250 euros. Dos días después, el empresario accedió a su cuenta a través de la web de Vodafone España y consultó las penalizaciones y permanencias asociadas a cada una de las líneas, pero el servicio online le certificó que no tenía ningún compromiso, salvo uno de 150 euros asociado a dos de las 21 líneas con las que según Satelco, no existía ningún contrato de permanencia.
El empresario acudió a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y presentó una reclamación en marzo de 2012 para demandar la retirada de la deuda y que la operadora no les incluyese en un registro de morosos. El organismo dependiente del Ministerio de Industria abrió un expediente sobre el caso que tardó un año en resolver. Finalmente su resolución desestimó las exigencias de la firma sobre la anulación de la penalización e instó a la compañía a reclamar ante la Agencia de Protección de Datos por un presunto incumplimiento del derecho a la protección de los datos personales.
Tras el varapalo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el director gerente de Satelco, optó por presentar en julio de 2013 un recurso contencioso administrativo que al ser contra una decisión de Industria cursó ante la Audiencia Nacional. El tribunal admitió a trámite el recurso pero tardó más de un año en resolverlo, tiempo en el que Satelco figuraba como firma morosa.
El Abogado del Estado que representaba los intereses del Ministerio en el pleito se allanó a la demanda de Satelco, es decir; aceptó las pretensiones de la empresa, a pesar de que Industria había desestimado su recurso y Vodafone ni siquiera llegó a presentar alegaciones contra esta decisión, con lo que la Audiencia Nacional ni analizó en profundidad los argumentos de uno y otro lado , falló a favor de Satelco y estableció que esta firma no debía ni un euro a Vodafone, que fue condenada a anular la reclamación.
Ricardo Sánchez Fresco, que inicialmente había previsto reclamar en los tribunales los daños y perjuicios ocasionados por esta situación, ha preferido pasar página, aunque lamenta la actuación de la operadora, que no dejó de reclamarle una deuda injustificada en la confianza de que acabaría pagándola hasta que acudió a los tribunales.
El empresario cuestiona además la labor de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, a la que Sánchez Fresco reclamaba en su escrito que controlase "el abuso por parte de Vodafone, frente a usuarios que sí cumplimos con nuestro compromiso que no es más ni menos el del pago mensual generado por las llamadas establecidas".
Fuentes de Vodafone explicaron a este diario que la compañía asume todos los términos de la sentencia, que se ha apresurado a cumplir.
