El Ministerio de Hacienda se comprometió en noviembre de 2014 con los transportistas españoles -en plena amenaza de huelga- a devolverles antes de febrero de este año las cantidades indebidamente cobradas en concepto de céntimo sanitario entre 2010 y 2012. Seis meses después del plazo fijado por el Gobierno, los camioneros solo han percibido el 55% de las cantidades adeudadas, lo que en el caso de Galicia supone unos 85 de los 150 millones que la Administración central reconoce a los profesionales gallegos para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en febrero del año pasado tumbó el céntimo sanitario por ser "contrario al derecho de la Unión".

Los representantes de las asociaciones gallegas Fetram (Federación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Galicia) y Fegatrans (Federación Galega de Transportes) denunciaron ayer el retraso del Ejecutivo tras un encuentro en Arteixo con los responsables de la asociación catalana de transportistas Astac Condal y la castellanomanchega Transportave. En el encuentro las cuatro organizaciones calificaron de "nefasta" la actual legislatura para su sector y acordaron coordinarse en el futuro en defensa del transporte por carretera.

Sobre el céntimo sanitario, los camioneros recuerdan que el Ejecutivo solo reconoce como reembolsable lo cobrado de más entre 2010 y 2012, pero ellos exigen las cantidades de los años 2002 a 2009, que Hacienda considera no reclamables por haber prescrito. "El tribunal de la UE dijo que hubo mala fe, por lo que no han prescrito esos ejercicios. Será el Tribunal Supremo el que decida", sentenció el presidente de Fetram, Fernando Teijeiro, tras la cumbre de Arteixo.

Las cuatro organizaciones calificaron la gestión de la actual ministra de Fomento, Ana Pastor, como "la peor en años, con diferencia". "Cada vez hay más precariedad en el sector de las pymes y los autónomos del transporte y está claro que en esta legislatura las políticas del Gobierno ha ido en contra de los intereses de la mayoría de los empresarios. Solo beneficiaron a los grandes operadores logísticos y del transporte", resume Teijeiro.

Entre las críticas al Gobierno está la falta de unas tarifas mínimas en el sector, lo que provoca, denuncian las asociaciones de camioneros, el dumping económico, los servicios por debajo de costes. "El Gobierno dice que es el sector del transporte el que debe pactar esas tarifas mínimas -nos deja la patata caliente- pero con los grandes operadores es imposible llegar a acuerdos", sentencia el presidente de Fetram, que recuerda que la crisis económica ya supuso un "duro golpe" para el sector. "En España se perdieron unos 100.000 camiones, varios miles en Galicia, y aún no hemos salido de la crisis. El transporte por carretera percibe pequeños cambios en los últimos meses, pero es por la temporada estival. En octubre la actividad volverá a caer", alertan los profesionales gallegos.

El sector también rechaza la posibilidad de que se aumenten las dimensiones y la capacidad de carga de los camiones y la reforma fiscal aprobada por el Gobierno, que supondrá para la mayoría de los transportistas autónomos un alza de los gastos del 15% a partir de 2016. "Esos cambios tributarios deberían acompañarse de medidas de protección para evitar el cierre de más pymes y autónomos del transporte. No se puede trabajar a pérdidas", denuncia Teijeiro.

Para intentar cambiar esta dinámica e influir más en las decisiones de los próximos gobiernos, las asociaciones gallegas, catalana y castellanomanchega decidieron trasladar de forma conjunta sus reivindicaciones al próximo pleno de la federación nacional de transportistas, Fenadismer, para lograr "una mayor presión en la defensa de los intereses del sector y una actuación más incisiva".