La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) negociará la reimplantación de la jornada de 35 horas semanales en todos aquellos convenios y acuerdos colectivos firmados con los Gobiernos autonómicos y locales que se vieron afectados por el decreto antidéficit de diciembre de 2011, por el que se ampliaba la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales. UGT considera que este es un momento propicio para ello, dado "el cambio de signo político y de actitud de muchos Gobiernos regionales y municipales" y de las señales de recuperación económica.
El sindicato argumenta que los empleados públicos llevan cuatro años sufriendo congelaciones salariales que les hicieron perder 9,20 puntos de poder adquisitivo, con una jornada laboral más amplia, y otras medidas que les afectaron de manera negativa, como el cambio en el régimen de complementos salariales en el caso de situaciones de incapacidad temporal.
